El secesionismo hizo del CNI su enemigo a abatir por haber neutralizado Tsunami Democràtic 

El CNI tocó fondo en Cataluña el 1 de octubre de 2017 . Las críticas internas, pero también desde el exterior, por no haber conseguido ni siquiera localizar las urnas que se iban a utilizar en el referéndum ilegal fueron vividas como un fracaso en la Casa, que a partir de ese momento comenzó a poner los medios necesarios en esa comunidad para que algo así nunca pudiera volver a ocurrir. En paralelo, el secesionismo en general, y la Generalitat en particular, se mofaba públicamente de ese traspiés, muy doloroso para el centro.

Paz Esteban , desde julio de 2019 ya al mando del Centro Nacional de Inteligencia de forma interina tras la salida del general Félix Sanz Roldán, se marcó desde el primer día como objetivo prioritario hacer frente a la amenaza del independentismo. Junto a otros cargos de su máxima confianza, que no se citan por razones obvias de seguridad, comenzó a desplegar en Cataluña una estrategia para hacer frente a ese peligro.

Contra lo que pudiera parecer, el CNI no se apoyó solo en la Policía y en la Guardia Civil, sino que tejió, y cuidó de forma especial las relaciones de confianza necesarias con los Mossos d’Esquadra, que por su despliegue en el territorio eran clave para poder dar una respuesta eficaz al desafío.

Fueron meses de trabajo callado, de invertir en medios humanos y técnicos, de tender puentes y seleccionar objetivos, porque si algo tenía claro el Centro Nacional de Inteligencia es que el independentismo, después del indiscutible éxito que había tenido de cara a sus intereses el 1-O, redoblaría la apuesta en el momento en que le fuera más propicio, de nuevo con las instituciones catalanas a la cabeza.

El análisis estaba claro: la sentencia del procès, en la que los líderes del secesionismo se jugaban muchos años de cárcel , sería el momento perfecto para volver a desafiar al Estado. Desde muchos meses antes tanto las Fuerzas de Seguridad del Estado –por supuesto la Policía y la Guardia Civil, pero como se ha señalado con los Mossos también en primera línea– como el Centro Nacional de Inteligencia advirtieron de lo que se venía encima.

Había, sin embargo, un elemento nuevo en la ecuación: el cambio de inquilino en La Moncloa. No se trataba tanto de que el Gobierno estuviera en manos del PP o del PSOE, sino de que Pedro Sánchez había llegado al poder en junio de 2018 gracias, entre otros pero de forma muy relevante, a los partidos independentistas catalanes. En ese momento en el CNI aún estaba al frente Sanz Roldán, pero Paz Esteban era la número 2 de la Casa y se perfilaba como su sucesora. Su peso específico ya entonces era incuestionable.

Para cuidar los apoyos que le habían llevado al poder, los socialistas intentaron un imposible: cabalgar el tigre o, lo que es lo mismo, procurar aplacar al secesionismo con algunas concesiones. Incluso, en noviembre de 2018 el Ejecutivo destituyó a Edmundo Bal, actual portavoz de Ciudadanos y entonces responsable penal de la Abogacía del Estado, encargado de la causa del procès, por negarse a retirar la acusación de rebelión a los líderes independentistas, como le había ordenado la entonces ministra de Justicia –hoy fiscal general del Estado–, Dolores Delgado.

Aun así, el CNI siguió su trabajo en Cataluña orientado a conjurar la amenaza independentista sin que el poder político interfiriera. También la Policía y la Guardia Civil –como el servicio secreto, dolidas ambas por lo sucedido el 1-O– reforzaron sus capacidades en esa comunidad con el mismo objetivo, al tiempo que recomponían relaciones con los Mossos, deterioradas por los sucesos del referéndum independentista y sobre todo por las acusaciones contra José Luis Trapero, que desembocaron en un juicio en la Audiencia Nacional del que el ‘major’ salió finalmente absuelto. El jefe de la Policía autonómica –como otros compañeros suyos– siempre mantuvo muy buenas relaciones con altos cargos de la Casa , con los que había colaborado en ámbitos sensibles como el de la lucha contra el terrorismo yihadista.

Como se preveía, el momento clave fue la sentencia del procès, dictada el 14 de octubre de 2019. Sobre las nueve de la mañana se hacía público el fallo y en apenas unas horas miles de personas se concentraron en la plaza de Cataluña de Barcelona. Lo más sorprendente sucedió sobre la una de la tarde, cuando a una velocidad sin precedentes, a través de las redes sociales, comenzó a difundirse entre los concentrados la consigna de tomar el aeropuerto de El Prat. La organización convocante era un hasta entonces desconocido Tsunami Democràtic.

A esas horas, con miles de personas dirigiéndose hacía el aeródromo, fuentes presentes en el centro de coordinación de la crisis advertían a ABC: «Algo muy grave ocurre; nuestra preocupación es máxima porque esto va a más cada minuto se les une más gente y no sabemos cómo puede acabar esto»...

Los enfrentamientos en las instalaciones aeroportuarias entre los independentistas y los Mossos y la Policía fueron muy duros, hasta el punto de tener que cancelarse muchos vuelos. Según ha sabido ahora ABC, entre los mandos policiales había una pregunta que entonces no tenía respuesta: ¿Quién estaba detrás de una movilización de aquella magnitud?

Las horas pasaban y la angustia de las Fuerzas de Seguridad crecía. «Los jefes policiales tenían el estómago encogido, porque se estaba a 20 minutos de que la masa superase la línea policial; si eso sucedía, el aeropuerto hubiera quedado a su merced», relatan ahora fuentes conocedoras de la situación, en aquel instante desesperada.

Pero entonces sucedió algo inesperado y, desde luego, muy significativo: en el centro de coordinación se presentó un alto cargo de la Generalitat que hizo un aparte con responsables de los Mossos para hacerles un anuncio: «Está ya hablado, en 20 minutos la gente se retira del aeropuerto». Lo más insólito es que aquel vaticinio; en realidad, esa información, se cumplió al milímetro. Las fuentes consultadas por ABC aseguran que el episodio hizo sospechar ya entonces que detrás de Tsunami Democràtic estaban dirigentes con vínculos muy estrechos con la Generalitat, si es que no ocupaban cargos de responsabilidad en ella.

Por supuesto, el CNI –también las Fuerzas de Seguridad– trabajó desde el primer momento sobre este asunto porque Tsunami Democràtic se había convertido en una amenaza grave para la seguridad nacional, al ser capaz de movilizar en pocas horas a decenas de miles de personas. Durante toda esa semana su nombre, y el de los CDR, salió a la palestra por las durísimas algaradas vividas en la Ciudad Condal, con la batalla de la plaza de Urquinaona como episodio emblemático.

El servicio secreto, esta vez sí, hizo bien su trabajo y logró neutralizar esa trama en solo unos días . Tsunami Democràtic dejó de ser un problema, aunque en un par de ocasiones –una de ellas con ocasión de un partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid– intentara volver a las andadas. Sin embargo, los nudos de comunicación se habían cortado y sus intentos resultaron inútiles. Los resultados concretos del trabajo del CNI nunca se dieron a conocer por razones obvias, pero fuentes del servicio de inteligencia consultadas por ABC aseguran que «si los ciudadanos supieran lo que se hizo, y los resultados que se lograron, el relato de estos días daría un giro total».

Sorprende aún más que el Gobierno intente ahora desvincularse de las actuaciones operativas que hizo entonces el CNI, por supuesto con intervenciones telefónicas y de otras comunicaciones. Más aún cuando el 27 de noviembre de 2019 el subdirector del Centro Criptológico Nacional (adscrito al servicio de inteligencia), Javier Candau, explicaba en un encuentro informativo que se habían detectado «vulnerabilidades» en la aplicación móvil de Tsunami Democràtic y añadía que se trabajaba en ese «software», sobre el que pendía una orden judicial de bloqueo. Candau explicó además que al ser un «software», la aplicación tenía vulnerabilidades.

Las escuchas a Pere Aragonès, actual presidente de la Generalitat, son de 2019, cuando se produjeron esas movilizaciones, y fueron autorizadas por el juez correspondiente del Supremo porque, según algunos medios, se sospechaba que coordinaba los CDR, vanguardia de las movilizaciones. La Audiencia Nacional ordenó el bloqueo de la app dentro de la investigación que mantiene contra Tsunami Democràtic por delitos de terrorismo, dado su papel en las protestas en Cataluña.