Sánchez hace equilibrios entre sus socios y la ley

En lo económico como en lo social el tronco de su discurso sí sigue siendo similar, aunque Sánchez tuvo que pasar cuenta de alguna de las medidas acordadas con Pablo Iglesias, como la derogación de la reforma laboral. Pero fue en el apartado relacionado con la «cohesión territorial», como una de las cuatro patas de su acción gubernamental, donde el presidente en funciones ensayó el discurso que tendrá que aplicar en esta nueva etapa. Y que tiene poco que ver con el discurso que planteó entre abril y noviembre. Tanto aliados como adversarios de un signo u otro se refirieron de manera reiterada a «las mil caras» del candidato a la presidencia del Gobierno.

Sánchez intentó mantener un pie en cada orilla. Uno en el lado de sus aliados de censura, que ahora lo serán de gobierno, y otra en la apelación a la ley que también reiteró para tranquilizar a parte de su electorado y proteger su flanco derecho. El líder del PSOE aprovechó el discurso para solemnizar la creación de una mesa de negociación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat, pero rápidamente añadió que el debate se sustanciaría «dentro del marco constitucional».

Nada más subirse a la tribuna tuvo Sánchez que poner pie en pared para defender que con su Gobierno «no se va a romper España, no se va a romper la Constitución». Y reivindicando al PSOE como un partido español. Sánchez recurrió a eso en cuanto alguno de los interlocutores le cuestionaba sus compañías en la investidura.

Pero a partir de ahí Sánchez profundizó en el discurso que necesita para ser presidente, en una decisión que consumó la ruptura del parlamento en dos bloques: por un lado la izquierda con nacionalistas e independentistas y por otro todo lo que está a la derecha del PSOE. Un discurso que tuvo su punto álgido cuando Sánchez planteó «dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado». No fue nada improvisado sino el hilo conductor de su discurso en esta nueva etapa en la que desacredita la actuación de los tribunales. Sánchez prometió «retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto».

Sánchez evolucionó de su discurso sobre la pluralidad de España hasta la reivindicación de que «en nuestro país no existe una única manera de vivir la identidad nacional». En lo relativo a Cataluña el presidente en funciones puso al mismo nivel los «agravios» que expresa una buena parte de la ciudadanía de Cataluña hacia las instituciones centrales con los que manifiesta otra parte importante, la no nacionalista, hacia las propias instituciones de su región. Además del rechazo en otros puntos de España «a las acusaciones que vierten algunos líderes independentistas sobre la España Constitucional». Un último grupo de agraviados en el que dijo incluirse él mismo. «Y estos sentimientos pueden tener mayor o menor fundamento racional, pero son innegables», ha dicho Sánchez sin reparar en cuáles pueden o no estar justificados y a causa de qué y de quiénes. Sánchez ha empaquetado toda esa situación como «el resultado de la incapacidad política y el abandono de anteriores gobiernos de la vía política para resolver un conflicto que es político».

El presidente en funciones atribuyó parte del problema a las «debilidades y desgastes acumulados de nuestro sistema autonómico». Una realidad que presentó como «una crisis heredada», justificando que de ello ya advirtió el PSOE estando en la oposición. Y a partir de ahí Sánchez propone tabla rasa: «Necesitamos recomenzar. Retomar nuestro diálogo político en el momento en que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en que los agravios comenzaron a acumularse».

El líder del PSOE certificó cuál será el discurso territorial de su nuevo Gobierno, que se explica en sus pactos con ERC, PNV, Compromís o BNG. Pero no explicó por qué ha escogido esa vía, a partir de una coalición con Podemos. En todo momento eludió explicar sus contradicciones respecto a su discurso de campaña. Y se refugió en el resultado electoral y reclamando la legitimidad de todos los escaños, eludiendo que esa no es la única alternativa aritmética que tiene disponible.