«Roldán no tiene el monopolio de la corrupción», dice el fallo

«No es exagerada -dice- la crítica que presenta a esta persona como paradigma de la corrupción porque es un ejemplo de casi todo lo que no debe hacerse desde el poder. Sin embargo, resulta mucho más discutible, y desde luego claramente interesado, atribuirle por un lado una suerte de exclusiva o monopolio de la corrupción de manera que todo lo tocado por él se ensucia mientras lo demás permanece resplandeciente; y por otro lado, una especie de incompatibilidad absoluta con la verdad».

Si bien el testimonio de Roldán -y tampoco el de San Cristóbal- han sido suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de Barrionuevo y Corcuera, lo cierto es que su declaración fue demoledora, entre otros, para Vera. La Sala incide en que «la coincidencia absoluta» entre las reuniones de Vera, Roldán y Colorado -por ejemplo en el restaurante «El Cenador de El Salvador» en 1990- y lospagos a Roldán «demuestran la existencia de un pacto».

Por contra, la Sala no considera creíble que el dinero ingresado por Mariano Jaquotot -amigo íntimo de Colorado fallecido en 1994-, un total de 89 millones de pesetas, fuese fruto de supuestos trabajos secretos de aquel para el Ministerio. De hecho, la Sala juzga acreditada la existencia de una estrecha relación entre la mayoría de los cheques percibidos por Roldán y los que recibía Jaquotot, que en realidad correspondían a Colorado, cuya versión sobre los hechos «es falsa» y «absurda».

La Sala tampoco ve creíble el testimonio de San Cristóbal, quien sólo reconoció los cobros después de que Roldán denunciase los hechos y cuando se vio «rodeado» por las investigaciones. Así, lo tilda de «persona no muy fiable» y no concede crédito alguno a su versión de que Barrionuevo le entregó «en mano, en metálico y en un sobre» 12 millones de pesetas al cesar en su cargo. Para la Sala, lo acreditado es que, al menos, se apropió de 130 millones y no de 66.

Respecto a Álvarez y López, el Tribunal desmonta sus tesis de que se trataba, en el primer caso, de 15 millones para un confidente relacionado con la «operación Sokoa» y, en el segundo, de 7 millones para «gastos de seguridad».