La reforma de la Constitución del PSOE recibe un nuevo revés en la Comisión Territorial

Ayer abrió la segunda sesión de comparecencias el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, al que siguió el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás. Y sin que el PSOE se haya recuperado aún del varapalo que hace justo una semana asestaron al modelo federal los tres padres vivos de la Constitución en el mismo foro, Romay y Pendás apostaron por abrir una reflexión sobre el reparto de competencias con una visión recentralizadora, contraria completamente al federalismo.

El presidente del Consejo de Estado recomendó evaluar si la Administración Central tiene hoy competencias suficientes para garantizar los principios fundamentales contenidos en la Carta Magna: igualdad, solidaridad y cooperación. «Lo primero es que la descentralización funcione y no sea una fuente de conflictos: que haya cooperación, principios de solidaridad e igualdad. Hace falta ver si el éxito del modelo se conseguiría si el Estado tuviera algunas competencias más, sería muy razonable estudiarlo en la reforma», consideró, antes de recomendar que no se «desapodere» más al Estado. En esta línea, recordó que desde 2012 el organismo que preside ha tenido que informar de 48 recursos contra 46 leyes de comunidades autónomas y cuatro conflictos de competencias. «Tenemos que buscar el entendimiento, buscar los valores de la Transición y dedicar todas nuestras energías a preservar las instituciones y preservar el cumplimiento de la ley», señaló. También apostó por reflexionar sobre si cabe incluir «el deber de leal cooperación de todas las Administraciones Públicas entre sí», para reforzar al Estado frente a órdagos como el de Cataluña. «Una reforma de la Constitución no arreglará los problemas mágicamente si no cambian las actitudes», advirtió.

Pendás no se quedó atrás. El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales consideró que ha llegado el momento definir cuáles son las atribuciones que deben quedar en manos de la Administración Central y que de «ninguna manera pueden transferirse y ni tan siquiera delegarse en su ejercicio». A tenor de esta idea aprovechó para criticar el «blindaje» que algunos estatutos de autonomía hacen de las competencias que les ha transferido el Estado, y reclamar una revisión del modo de concesión de competencias para asegurar que se cumple el principio de igualdad de todos los españoles. También reclamó más presencia del Estado en las autonomías defendiendo la idea de un «Estado fuerte al servicio de la igualdad y de unas comunidades fuertes en garantía de la pluralidad».

Incluso, llegó a denostar de manera directa el modelo federal sobre el que advirtió de que «tiene mil caras» y «no puede ser más ambiguo». Recordó que «hay estados que se llaman así y no lo son mientras otros no se lo llaman y sí lo son», haciendo hincapié en que el federalismo es una ideología y «una mala técnica para construir un pueblo unido».

Tanto Romay como Pendás consideraron que existen cambios legales que se podrían introducir para mejorar el funcionamiento del modelo territorial pero coincidieron también en que cualquier modificación debe tener un objetivo previamente detallado , contar con un acuerdo político previo de amplio consenso, haber sido profundamente madurada y ser fruto de un diálogo sereno con la sociedad. Condiciones que, obviamente, no se dan en el momento actual. «Cualquier reforma debe tener claros sus fundamentos», advirtió el presidente del Consejo de Estado. Pendás, por su parte, puso especial énfasis en defender que cualquiera de las mejoras que se pueden introducir en el modelo se pueden realizar con voluntad política y sin necesidad de una reforma de la Constitución. En este sentido, quiso preguntarse si merece la pena poner a la sociedad española ante un debate que puede convertirse en un «debate diferente» solo por realizar algunas reformas concretas en la Constitución. «Diría que no», se contestó él mismo.

Las conclusiones que se extraen de las cinco comparecencias que han tenido lugar en esta comisión son a favor del PP. La primera es el gran cuestionamiento que provoca el modelo federal como solución a los problemas territoriales. La segunda es que cualquier modificación de la Carta Magna debe llevarse a cabo de manera reposada e iniciarse tras contar con un amplio acuerdo político y social. Y la tercera es que existen varios defectos en el funcionamiento del Estado Autonómico que pueden mejorarse sin necesidad de una reforma de la Constitución.

Fuentes del Grupo Socialista reconocen que, hasta ahora, las comparecencias de esta Comisión son un gol en propia puerta para sus aspiraciones de emprender una reforma federal. Pero lo achacan a que todas las personalidades citadas «son del PP» y confían en que el marcador del partido dará la vuelta cuando comiencen las comparecencias de los juristas constitucionalistas. No obstante, reconocen que las conclusiones de la Comisión serán difíciles de consensuar «porque el PP no quiere una reforma». «¿A quién vamos a hacer caso? ¿A los padres de la Constitución que se aferran al éxito de su Constitución o a lo que digan los juristas que ejercen hoy en día»?, se preguntan. Ésa será la gran batalla de una Comisión que puede que acabe alejando la reforma constitucional más que acercarla.