Puigdemont exige poder y dinero negro

Waterloo no es una decisión pensada sino una metáfora encontrada. El expresidente de la Generalitat tiene el único empeño de no convertirse en un juguete roto y de que su residencia no preconice su tragedia. Para evitarlo, exige que Cataluña entera pague el altísimo precio, político y económico, de su presidencia imposible. Quiere involucrar a todos en su investidura ilegal, empezando por el presidente del Parlament, Roger Torrent , sin importarle que por un gesto absolutamente estéril se llevara su prometedora carrera política por delante. Es tal su desespero personal que se cree con derecho a sembrar el desespero total. En Esquerra y en el PDECat empiezan a dudar de su equilibrio mental.

En las reuniones con Esquerra ha exigido también elevadas sumas de dinero para tener margen operativo, tanto representativo como personal. De nada ha servido que los republicanos le hayan intentado explicar que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro –el auténtico y silencioso héroe de la pervivencia del Estado en Cataluña–, controla minuciosamente cada partida de la Generalitat, y que a medio plazo, los empresarios que hoy le sustentan, se van a acabar cansando de mandar dinero negro a Bruselas , haciendo ellos mismos de camellos, como hasta ahora viene sucediendo, con la incómoda limitación de que cada viajero puede llevar –por si le registran– un máximo de 10.000 euros.

Junqueras opina que el planteamiento de Puigdemont es más personalista que realista y que busca mucho más una salida personal que una solución para Cataluña. Como Puigdemont sabe que no podrá regresar a España busca que el «exilio» no le haga caer en el olvido. Como Junqueras está en la cárcel y sabe que tardará en salir, busca que el precio que está pagando tenga un sentido. Puigdemont sólo piensa en salvarse; y Junqueras, que ya entiende que está perdido, intenta que su derrota no sea la derrota de Cataluña.

Puigdemont exige dinero aunque sea negro, una presidencia técnicamente simbólica pero dotada de poder político, para ir por Bélgica y por cualquier país de Europa que se lo permita, sin detenerle, con los galones de ser el presidente «legítimo» de Cataluña. Esquerra se toma más en serio la vida de los catalanes –como históricamente hacía la Convergència de Pujol– y cree que las locuras de Puigdemont no sólo son estériles sino que servirán de pretexto al Gobierno para continuar aplicando el artículo 155.

No hay acuerdo cerrado. Puigdemont presiona para que Esquerra sucumba y los catalanes le paguen la fiesta arriesgándose a ser inhabilitados por cometer ilegalidades, o ser pillados y multados por Hacienda por mover dinero opaco de forma fraudulenta. Esquerra espera que Puigdemont aterrice en la realidad y asuma que su destino, tan trágico como personalísimamente elegido, es él y no todo un pueblo quien debe asumirlo.