PSOE y PP cierran filas para repartirse Protección de Datos con apoyo de Podemos, Bildu y ERC

Ajenos a este requisito selectivo, el Gobierno y el PP anunciaron en octubre quiénes iban a ser la nueva presidenta de la AEPD y su adjunto, Belén Cardona y Borja Adsuara, respectivamente, la primera avalada por los socialistas y el segundo por los populares. Primero se decidieron los nombres y un mes después, en noviembre, se convocó el concurso selectivo que, además, el Gobierno readaptó para descargar en el Congreso la responsabilidad. Y en ese punto se encuentra el asunto, que está siguiendo el guión que acordaron hace cinco meses el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños , y el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea .

Ciudadanos ha pedido que el Congreso no entre en lo que se considera un amaño declarado. Aunque la normativa reguladora establece que es el Consejo de Ministros quien debe seleccionar un candidato para la presidencia y otro para el número dos de la AEPD, y elevar esos nombres al Congreso para su exclusiva ratificación, el Ejecutivo ha optado por remitir a la Cámara una terna para cada uno de esos cargos, descargar en la Comisión parlamentaria de Justicia la responsabilidad de elegir a los ganadores –en cada terna están los nombres pactados en octubre por el Gobierno y el PP– y que sea después el Consejo de Ministros el que proclame su nombramiento.

El portavoz de Cs, Edmundo Bal , ha pedido que el Congreso no se preste a participar en esta maniobra, por considerarla manifiestamente irregular y contraria a la ley y a las normas reguladoras de la Agencia de Protección de Datos. Bal ha reclamado que se devuelva el expediente al Consejo de Ministros, que sea el Gobierno el que elija un único nombre para cada uno de los dos máximos puestos en liza y que, tal y como marca la normativa, esos dos nombres los remita al Congreso para su exclusiva ratificación. Y eso sin contar las dudas de legalidad que pesan sobre el proceso selectivo previo, el que ha pilotado el Ministerio de Justicia , que ha sido objeto de recursos en vía administrativa y que lleva camino de acabar ante los juzgados.

La Mesa del Congreso ya se puso de perfil hace unos días, cuando Cs pidió que solicitara a los letrados de la Cámara un informe de legalidad sobre este trámite parlamentario con el que el Gobierno y el PP pretenden culminar el reparto de cargos que pactaron en octubre para la cúpula de la Agencia de Protección de Datos. La Mesa del Congreso, sin embargo, se inhibió y dejó en manos de la Mesa de la Comisión de Justicia la decisión de pedir o no ese informe de legalidad. «Y la Mesa de la Comisión de Justicia la copan el PSOE, el PP y Podemos, con lo que parece evidente que no se va a permitir ese informe de legalidad», explicó a ABC Edmundo Bal este martes.

A la par, Cs ha pedido a la Mesa del Congreso que preside Meritxell Batet que reconsidere su decisión de dar curso al «anómalo proceso selectivo», que no entre en el juego y devuelva el expediente al Congreso. Tras el no inicial que le dio la Mesa, este martes lo intentó ante la Junta de Portavoces. Pero el PSOE y el PP han cerrado filas para tumbar de nuevo la propuesta. Han contado con el respaldo de Podemos, Esquerra y Bildu , mientras que Teruel Existe se ha alineado a la tesis defendida por Edmundo Bal, y Junts y el PNV se han abstenido.

La postura de la Junta de Portavoces es relevante, porque marca la posición que seguirá de nuevo la Mesa del Congreso, que ha de resolver esta suerte de ‘recurso de reposición’ que Ciudadanos ha defendido sin éxito. Visto lo ocurrido este martes en la Junta de Portavoces, se da por seguro que la Mesa presidida por Batet volverá a avalar el controvertido proceso para elegir a la cúpula de la Agencia de Protección de Datos en los términos que pactaron el Gobierno y el PP en octubre. Es decir, publicando de antemano quiénes iban a ganar el concurso selectivo que ahora se está completando con el concurso del Congreso.