El amaño para dirigir la Agencia de Protección de Datos pone a España en el punto de mira de Bruselas

Como informó ABC, en octubre el PSOE y el PP pactaron repartirse los dos máximos puestos de la Agencia Española de Protección de Datos. El acuerdo fue notorio y los dos partidos lo hicieron público, con la bendición del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de una parte, y del secretario general de los populares, Teodoro García Egea, por otra. A resultas, el nombre de los elegidos para la presidencia y el adjunto a la presidencia de la AEPD se anunció un mes antes de que se convocara el preceptivo proceso de selección.

Una vez finalizado el proceso se han elevado una serie de nombres para su ratificación en el Congreso donde figuran los mismos que se habían pactado y sin que el resto de aspirantes, tal y como informó ABC, tengan conocimiento de cuál ha sido el resultado para ellos.

El acuerdo entre el Gobierno y la oposición para decidir la dirección de la AEDP fue denunciado por la Fundación Hay Derecho . Recurrió por vía administrativa ante el Ministerio de Justicia, que desoyó la reclamación. Hay Derecho pedía la suspensión del proceso selectivo, por los vicios jurídico-administrativos que lo rodeaban ya desde antes de que arrancara.

Por otra parte, la eurodiputada de Cs Mayte Pagazaurtundúa elevó pregunta a la Comisión Europea el pasado noviembre sobre la aplicación en España del Reglamento sobre Protección de Datos. En la contestación por escrito, a la que tuvo acceso ABC, la Comisión daba por buena la existencia de un concurso puesto que la convocatoria figuraba en el BOE, y recordaba que el Comité Europeo de la materia «no está encargado de supervisar la correcta aplicación» de la normativa en cada Estado miembro.

«El cumplimiento de la legislación nacional que regula la preselección de los candidatos lo deben valorar los órganos jurisdiccionales españoles», dijo el comisario de Justicia Didier Reynders a la eurodiputada española. Pero, pese a esa inhibición del Ejecutivo comunitario por cuestión competencial, el asunto llegó de esta forma a su conocimiento.

Así, más allá de la previsible judicialización del asunto, preocupa la imagen de España, de nuevo relacionada con la independencia de sus organismos.   Bruselas ya llamó la atención al Gobierno por promover una reforma en la elección de los vocales del CGPJ a espaldas del PP involucrando al Congreso que, finalmente, quedó escorada.

Ahora, quien está alzando la voz en redes y en declaraciones a los medios es la máxima autoridad comunitaria en Protección de Datos, Wojciech Wiewiórowski, que viene lamentando la existencia de ese pacto que lastra a un organismo que, por definición, debe ser completamente independiente y estar gobernado por autoridades en la materia.

El pacto del PSOE y el PP fijó que la presidencia de la AEPD pasaría a ser ocupada por Belén Cardona , y su adjunto (el segundo máximo responsable de la Agencia), Borja Adsuara . Pasaría un mes, quejas mediante, hasta que se convocase el concurso, pero la premisa ya marginaba a cualquier otro aspirante, pues se concurría a un proceso que parecía estar ya resuelto antes de la convocatoria.

Voces especializadas que siguen el proceso destacan que así, se ha dejado e n la estacada perfiles de especial valía . Y citan en concreto a dos de los que se han presentado para competir con Cardona: Leonardo Cervera Navas , jurista con amplia experiencia en derecho de la Unión Europea, que lleva más de una década trabajando en la Comisión Europea y que, en la actualidad, ejerce como director en la Secretaría del Supervisor Europeo de Protección de Datos; y Ricard Martínez , doctor en Derecho y actual director de la Cátedra Microsoft de privacidad y transformación digital-LISITT Universitat de València.

Frente a ellos, Cardona, catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, que se viene desempeñando en la Administración. El pasado 11 de febrero, con el concurso de la AEPD aún en marcha, cesó en el puesto que ocupaba en la subsecretaría de la Consellería de Justicia que dirige en la Generalitat Valenciana Gabriela Bravo. Fue entonces cuando los aspirantes, aún con el proceso en marcha, dieron por hecho que se consumaría el pacto.