El PSOE rechaza la iniciativa europea para que los etarras colaboren con la Justicia

Este extremo ya está contemplado tanto en el artículo 90.8 del Código Penal como en el 72.6 de la Ley General Penitenciaria, que exige a los implicados que se arrepientan de forma «inequívoca» y que «colaboren activamente» con la Justicia para acceder al tercer grado y la libertad condicional cuando cumplen tres cuartas partes de su condena.

Ya es conocido cómo el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, entre ellos Bildu, han blindado en más de una ocasión los beneficios a presos de ETA. Por ejemplo, tumbando varias iniciativas parlamentarias de la oposición para endurecer la concesión de esos beneficios con la legislación vigente. Además, el Ejecutivo socialista abrió en 2019 dos vías de comunicación con los grupos de apoyo a los presos etarras –bajo la tutela de Sortu, el partido proetarra que dirige Arnaldo Otegi y que articula Bildu–, a través del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. La segunda vía se abrió con el por entonces delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza.

Otra de las enmiendas presentadas por la delegación socialista en el Parlamento Europeo es la supresión de la iniciativa que proponía considerar los asesinatos de ETA como crímenes de lesa humanidad «incluso los anteriores a 2004, y, por tanto, imprescriptibles o no amnistiables».

Los crímenes de lesa humanidad son considerados por el derecho internacional como un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por pertenecer a un grupo perseguido por razones políticas, raciales, étnicas u otras reconocidas como inadmisibles. ETA cometió más de 850 asesinatos, de los que aún quedan por resolver casi la mitad, concretamente 379, entre los que hay políticos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también decenas de civiles que no comulgaban con los principios etarras. Sin embargo, siguiendo la legislación vigente, los crímenes de lesa humanidad no se incorporaron al Código Penal español hasta 2004, por lo que este principio de legalidad impide aplicar dicho delito a cualquier acto cometido antes de esa fecha. Y ese parece ser el motivo por el que la delegación socialista ha presentado una enmienda a este punto, ya que para que se tratasen como crímenes de lesa humanidad los asesinatos anteriores a esa fecha habría que reformar la Constitución Española. En concreto el artículo 83, que fija que «en ningún caso» se podrán aplicar normas con carácter retroactivo cuando van en perjuicio de los afectados.

Pero hay más enmiendas y supresiones. En el informe final, la delegación europea pedía crear una comisión de juristas encargada de elaborar un informe detallado sobre cada uno de los expedientes de las víctimas de ETA cuyos casos aún no se han resuelto. Una propuesta que inició el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y que el PSOE también pide que desaparezca.

La eurodiputada española Maite Pagazartundúa (Ciudadanos) ha presentado también una enmienda en la que insta a la Audiencia Nacional a informar sobre la situación judicial de los dirigentes de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’, Mikel Carrera Sarobe, ‘Ata’, y Ángel Iriondo Yarza, ‘Gurbitz’, por la posible comisión de un delito de lesa humanidad del artículo 607 del Código Penal, cuya instrucción se concluyó en abril de 2018.

La visita de cuatro eurodiputados el pasado noviembre al País Vasco y la Comunidad de Madrid concluyó en un texto que se presentó el pasado día 17 en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. El informe, que se basó principalmente en las demandas de las asociaciones de víctimas, hizo suyas otras de la peticiones de éstas, como castigar penalmente los ‘ongi etorri’ u homenajes públicos a presos de la banda. Desde Bruselas se pide «establecer mecanismos legales para criminalizar el enaltecimiento de un acto terrorista concreto, ya que humilla a las víctimas y provoca una victimización secundaria dañando la dignidad y la recuperación de las víctimas». El criterio actual de la Audiencia Nacional y la Fiscalía es no prohibir estos actos antes de que se celebren aunque sí instan a las fuerzas del orden a que los vigilen por si, durante su celebración, se producen situaciones susceptibles de caer en los delitos de humillación a las víctimas o enaltecimiento del terrorismo.

Ahora estas enmiendas pasan a manos de la presidenta de la Comisión de Peticiones, la también española Dolors Monsterrat (PP), para aprobar o no la incorporación de estas enmiendas. Entre ellas, las del PSOE para eliminar la propuesta inicial y plantear otra casi idéntica en la que «sugiere» reformas que ya están en la legislación vigente.