El PSOE posibilita el uso de las lenguas cooficiales en el Senado al mismo nivel que el castellano

La toma en consideración, que posteriormente deberá llevarse a comisión para su tramitación, ha contado únicamente con el rechazo del PP, Vox y Ciudadanos , que una vez más han conformado un frente común y han coincidido en buena parte de sus argumentos. Por un lado, tal y como marca la Constitución, han señalado que la única lengua oficial es el castellano, pero además han aludido al hecho de que, conocida por todos en la cámara, favorece el entendimiento. También al coste que conllevará en traductores y auriculares, que según el texto que acompaña a la iniciativa está en torno a un millón de euros .

La propuesta, defendida por el senador de Junts Josep Lluís Cleries, se ha centrado en la «integración total» de todas las lenguas cooficiales, en tanto que ahora solo se hace de forma «simbólica». «Ninguna lengua está por encima de otra» , ha defendido Cleries entre las críticas del bloque de centro-derecha, que le han recordado el hostigamiento a comerciantes que quieren hablar en castellano o las sentencias que la Generalitat ignora respecto al uso de este en colegios como lengua vehicular. El portavoz del Grupo Nacionalista, además, ha justificado el gasto que supondrá con el pretexto de que también en el resto del mundo se hablan varios idiomas.

La propuesta no es nueva y ya a finales del año pasado se planteó, con el apoyo de Unidas Podemos y el resto de nacionalistas e independentistas, que además sugieren que este extremo se plantee en el Congreso, RTVE y el resto de administraciones. La pretensión es que los diferentes grupos parlamentarios puedan intervenir en los plenos, comisiones y cualquier otra actividad parlamentaria en las lenguas cooficiales que consideren. Su objetivo es que el Senado, como cámara territorial –han insistido–, «ampare el normal uso y escrito de cualquiera de las lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma», algo inviable hasta la fecha y que ha dado pie a varios episodios polémicos tanto en las Cortes, también en el Congreso de los Diputados.

El partido liderado desde Waterloo por el fugado Carles Puigdemont basa su propuesta en que España es un «estado plurinacional y plurilingüístico» y considera además que en la anterior reforma que se hizo del reglamento, en el año 2010, «no quedaron completamente integradas las lenguas oficiales en la actividad de una Cámara territorial».

El PSOE, por su parte, ha hecho propios parte de estos argumentos y ha anunciado su apoyo a la iniciativa, necesaria para «seguir avanzando» dentro de la «complejidad» del tema. Así lo ha defendido la senadora socialista María Adrio Taracido, designada por Galicia, que ha hecho una defensa del «plurilingüismo» de España: «Las lenguas enriquecen a un país, no dividen, cohesionan» . Respecto a las críticas por el gasto que supondrá, Adrio Taracido ha ironizado y ha asegurado que «el presupuesto no se perderá» y se mantendrán las ayudas sociales.

PP, Vox y Ciudadanos han rechazado de pleno la iniciativa con discursos con algunos puntos en común. Quien ha tenido una intervención más intensa ha sido la popular Alicia Sánchez Camacho, que ha reprochado a su homólogo de Junts su desprecio a la Constitución, habida cuenta de que ignora que los senadores representan a todos los españoles y no solo a los del territorio del que proceden; que es una cámara territorial y no federal; y que la única lengua oficial es el castellano. «Esto no es una cámara de Babel y no vamos a permitir que las familias españolas asuman el coste de este disparate», ha dicho Sánchez Camacho, que ha destacado que su partido está «comprometido» con todas las lenguas porque «no son patrimonio de los nacionalistas».

Desde Ciudadanos, la senadora María Ponce ha criticado que Junts está más preocupado por desarrollar una comisión de Medio Ambiente en catalán que de cumplir las sentencias del Supremo sobre el castellano. «Sánchez lo consiente y lo permite para mantenerse en La Moncloa» , ha espetado Ponce, que también ha sido dura con la denominada Ley Celaá y los preceptos que recoge en este sentido. El senador de Vox, Jacobo González-Robatto, ha citado a la autora Rosa Regás y su consideración de que el uso exclusivo del nacionalismo es una muestra de «mediocridad». «Piensan que el dinero público es ilimitado», ha subrayado González-Robatto, que también ha hecho especial hincapié en que las Cortes son la sede de la soberanía nacional.