Pruebas encontradas en los registros de la Generalitat y de la Consejería de Justicia acorralan a Gordó

Precisamente ayer Gordó declaró durante casi cuatro horas ante el magistrado Carlos Ramos, los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda y el abogado de la CUP que ejerce la acusación particular en ese procedimiento. El instructor decidirá a las diez de la mañana de hoy si prohíbe al exconsejero de Justicia de la Generalitat salir de España , como pidió el ministerio público, y si obliga al investigado a entregar su teléfono móvil particular –ayer facilitó el oficial de forma voluntaria– para extraer de él información sobre su agenda.

Anticorrupción considera que Gordó era pieza clave en la trama por la cual la administración pública catalana, en manos de Convergencia, adjudicaba a empresas obra pública a cambio de dinero para el partido . El Tribunal Superior de Justicia se ha fijado en seis operaciones millonarias sospechosas en las que estaría acreditada la intervención del ex alto cargo en las concesiones, así como las donaciones posteriores a la fundación del partido nacionalista realizadas por las empresas beneficiarias.

Dos de estas operaciones, que comenzaron a gestarse a finales de 2011, tienen que ver con obras del Consorcio de Educación de Barcelona y las del dique del puerto de la Ciudad Condal . Solo el presupuesto de esta última ascendía a unos 40 millones de euros. De las mismas se benefició, entre otras empresas, Copisa, y las agendas del entonces consejero delegado de la sociedad, Xavier Tauler, intervenidas en su momento, reflejan reuniones con Germá Gordó en momentos decisivos del proceso. Asimismo se ha detectado el rastro de las donaciones de esa compañía a la fundación de Convergencia en fechas próximas a las adjudicaciones, lo que hace pensar al instructor que las mismas fueron irregulares y a cambio de dinero para el partido.

Pues bien, en la operación del pasado mes de julio se intervinieron unas agendas de Gordó en las que figuran dos reuniones con el citado representante de Copisa celebradas en fechas clave del proceso de concesión de esas obras públicas. El dato es relevante porque ya no solo hay constancia de esos contactos por una de las partes, sino que ahora hay material probatorio concreto intervenido a las dos personas que los mantuvieron.

El segundo elemento de las agendas de Gordó que ha llamado la atención a los investigadores tiene relación con las obras de la plaza de las Glòries, adjudicadas por más de 85 millones de euros a empresas que, según se ha comprobado, no tenían capacidad técnica para llevarlas a cabo y que han sufrido tal desviación presupuestaria que el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido suspender el contrato.

Pues bien, los investigadores de la Guardia Civil afirman que en la documentación obtenida en julio en la operación en la que se entró en el Palau de la Generalitat y la Consejería de Justicia, entre otros organismos de la administración catalana, hay datos sobre numerosas citas mantenidas por Germá Gordó relacionadas con la citada adjudicación sospechosa .

El exconsejero no fue preguntado ayer por estos nuevos indicios porque el informe de la Guardia Civil en el que se recogen llegó a las partes la tarde del pasado miércoles , por tanto sin tiempo suficiente para ser estudiado por defensa y acusaciones. No obstante, las fuentes consultadas por ABC consideran que se trata de un nuevo hito en la investigación que se sigue contra el diputado del Parlamento catalán .

Lo que sí tuvo que explicar el exconsejero de Justicia durante su largo interrogatorio fueron sus frecuentes reuniones con empresarios que luego acababan recibiendo las adjudicaciones de obra pública y que tras las mismas hacían generosas donaciones a las fundaciones de Convergencia. «Las tenía por razón de mis cargos», explicó , y precisó que como secretario del gobierno autónomo tenía entre sus responsabilidades una división de contratación pública, que velaba precisamente por la transparencia en las concesiones. Según este esquema, él recibía a los empresarios y luego los derivaba a la consejería directamente concernida .

Asimismo recordó que en su momento formó parte del consejo de administración de la empresa pública GISA, encargada de las infraestructuras, por lo que era normal que tuviera ese tipo de relaciones. Pero negó categóricamente que hubiera dirigido, ordenado o intervenido en las adjudicaciones de obra pública para conseguir fondos para su formación política .

En cuanto a su etapa como gerente de Convergencia, entre 2004 y 2011, dijo que cuando aceptó el cargo dejó muy claro que él no se ocuparía de los asuntos económicos, que quedaban en manos de Andreu Viloca , sobre el que no ejercía mando alguno. Al ser preguntado quién era el superior jerárquico de ambos, coincidió en que era el secretario general; es decir, Artur Mas, al que sin embargo no involucró en irregularidad alguna.

Preguntado por el hecho de que dos empresarios implicados en la trama, Josep Manuel Bassols y Sergio Lerma, se refirieran a él con el nombre clave de «Gregorio» y «Gerardo» se limitó simplemente a decir que no conocía que le llamasen así y por supuesto la razón por la que lo hacían.

Fuentes jurídicas consultadas por ABC destacaron que durante el interrogatorio Gordó se mostró en todo momento tranquilo, puntilloso, se explayó sobre cuáles eran sus funciones en cada momento y demostró que se había preparado muy bien la declaración y estudiado a fondo una causa que, según lamentó, «me perjudica mucho desde el punto de vista profesional, personal y familiar».