La prueba testifical apuntala que Franco no conocía los riesgos del 8-M

Tras recopilar dos atestados de la Guardia Civil, dos informes del perito forense, 17 testificales y la declaración del propio Franco, la magistrada ya tiene todas las cartas sobre la mesa. Sólo quedaban por analizar los informes que a petición de la defensa del delegado del Gobierno requirió el lunes tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento sobre « eventos deportivos, culturales, políticos, sociales , pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros» que tuvieron lugar entre el 5 y el 9 de marzo autorizados por ellos. El plazo para completar la diligencia acabó ayer.

El núcleo de la imputación está en el conocimiento «cierto, objetivo y técnico» sobre el riesgo de contagio que tuvo el delegado del Gobierno, en su calidad de autoridad sobre las concentraciones y manifestaciones. Es decir, si pudiendo prohibir que se celebrasen, vulneró u omitió deliberadamente alguna indicación al respecto.

La declaración de Franco « sólida y convicente », según las fuentes consultadas por ABC, puede llevar a la juez a la convicción de que el delegado no tuvo ese conocimiento «objetivo y cierto» del peligro, porque nadie se lo comunicó de forma expresa. Es más; en su quehacer diario tampoco estaba al tanto de estas cuestiones técnicas, que dejaba en manos de su equipo.

En este sentido, ha sido crucial la declaración prestada por Correas, quien ordenó realizar requerimientos telefónicos a distintos convocantes a partir del 11 de marzo para que desistieran de celebrar concentraciones ya autorizadas debido al riesgo por coronavirus . Este responsable del área de Seguridad Ciudadana explicó a la juez que los días previos al 8-M estuvo de permiso y cuando pasada la manifestación, se incorporó y fue consciente del aumento de contagios, dio instrucciones a su equipo de adverir del riesgo a quienes habían hecho convocatorias.

El resto de altos cargos de la Delegación del Gobierno y los trabajadores que prestaron declaración en el Juzgado número 51 -un total de 17 personas, incluidos convocantes de concentraciones- coinciden en situar entre el 9 y el 11 de marzo el momento en que tuvieron conciencia real del peligro de contagio, en línea con la versión que esgrime el propio Franco.

Algunos de los testigos explicaron además que recibieron esa llamada pero discrepan del modo en que lo reflejan los atestados de la Guardia Civil: niegan que hubiese ningún tipo de presión para desconvocar.

Uno de los más críticos ante la Guardia Civil fue el técnico de riesgos laborales de la Delegación Ramez Muhzrram Rey , quien afirmó que en su opinión no debiera haberse celebrado la marcha feminista. Ante la juez, ayer, quiso dejar claro que no es una autoridad en la materia y que nadie le pidió su opinión antes de que tuviese lugar la manifestación del 8-M.

La juez considera, además, que pese a existir indicios de que todos esos actos aumentaron el peligro de propagación, no puede acreditarse que debido a su celebración se produjeran contagios concretos, lo que cerró la puerta desde el primer momento a que pudiera haber acusaciones por lesiones y/o homicidio por imprudencia .

Tampoco se ha constatado que Franco asistiera a reuniones sobre el Covid-19 con miembros de los equipos ministeriales o autoridades de la Administración central y desoyera o recibiera indicaciones. Él mismo, junto a su hija que es médico, asistió a la marcha feminista . Rodríguez-Medel tras sopesar todos los argumentos ve claro que el riesgo existió y no se protegió la salud pública. No obstante, aún es necesario demostrar para mantener la acusación que el delegado autorizase los eventos a sabiendas y con un conocimiento «objetivo, cierto y técnico» de ese peligro, algo que no se ha conseguido.

Por lo demás, es relevante la falta de peso que han tenido en el procedimiento los informes de la Guardia Civil y del forense por la gran cantidad de inferencias, cuando no errores, que contienen. Todo ello sin contar con las filtraciones de los documentos del Instituto Armado , apenas horas después de ser entregados a la juez.