El prior del Valle de los Caídos avisa: no autorizará el acceso a la Basílica

En su misiva, adelantada por ABC, el prior asegura que la sentencia del Alto Tribunal –que desestimó el recurso de los nietos del dictador– no resuelve las alegaciones que la Abadía ha planteado y que hasta que esto no suceda el Gobierno no puede consumar su plan.

«La sentencia que me anexa –dice el prior en referencia a la carta que Calvo le remitió el pasado 3 de octubre– se refiere a un procedimiento en el que esta Abadía no ha sido parte y, por tanto, no resuelve alegaciones esenciales planteadas en nuestro recurso y, muy especialmente, la vulneración de la libertad religiosa de esta comunidad, al pretender actuar sobre una res sacra (sepultura) sin la preceptiva autorización eclesiástica».

Cantera recuerda que los bienes inmuebles del Valle de los Caídos pertenecen a la Fundación de la Santa Cruz y parte de ellos (entre los que se encuentra la propia Basílica) fueron cedidos en administración a esta Abadía y el Templo, en particular, consagrado y posteriormente elevado a Basílica Menor por su Santidad Juan XXIII, por lo que su configuración como lugar de culto y el carácter de res sacra de las sepulturas que se encuentran en su interior es indiscutible».

El prior sostiene, además, que no es al Supremo quien tiene la última palabra en lo que a vulneración de derechos fundamentales se refiere , sino que la máxima autoridad en materia de garantías constitucionales son el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En este sentido recuerda que el sistema de recursos no se agota en el Tribunal Supremo.

«Si autorizáramos ahora la exhumación –apunta– no sólo dejaríamos sin finalidad legítima los recursos de amparo que, sin duda, se producirán, sino que careceríamos de justificación para oponernos –como nos opondremos– a la exhumación de los veinte monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la Abadía». El prior reprocha la «virulencia» con la que el Ejecutivo ha llevado a cabo su plan , que «podía (y puede) resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados».

Prácticamente en paralelo a que trascendiera la carta del prior, la Sección Cuarta de lo Contencioso del Tribunal Supremo, la misma que desestimó el recurso de la familia Franco, notificaba un auto de aclaración de la sentencia sobre un aspecto concreto solicitado por la familia Franco: Y lo hacía de forma tajante, zanjando el debate: «La sentencia es clara» y «la aclaración que solicitan los recurrentes no es necesaria».

La familia quería saber si, en caso de no tener «autorización eclesiástica» de la Comunidad Benedictina, es decir del prior, ésta podía ser suplida por una autorización judicial y, en su caso, a qué órgano le correspondería.

«Como sin duda conoce la parte recurrente (la familia), a ningún otro órgano judicial distinto de esta Sala corresponde conocer de las actuaciones del Consejo de Ministros ni de la ejecución de esta sentencia», señala la Sala. Aviso también para el juez de lo Contencioso de Madrid que tiene abierto un procedimiento relacionado con la licencia de obra que el Supremo no considera necesaria para proceder a las labores de exhumación.

En el auto notificado ayer los magistrados reconocen que el acuerdo del Consejo de Ministros de marzo indicaba que se pediría «la correspondiente autorización eclesiástica» para exhumar al dictador, algo que se vio obligado hacer porque con anterioridad el prior la había denegado. La negativa del prior «no fue absoluta», dicen los magistrados, sino «condicionada a lo que resolviera» la Sala. «Por eso, la sentencia (...) tiene por decaída esa denegación», indica el Supremo.

El Gobierno intentó ayer restar importancia a la negativa del prior y recordaban que, al conocerse el fallo del Supremo, el Vaticano trasladó su compromiso pleno con el cumplimiento de la sentencia.