Primeros espadas en la Fiscalía y una Abogacía «descafeinada» tras la purga de su jefe

Madrigal fue la primera mujer que ocupó el cargo de fiscal general del Estado. Lo hizo entre enero de 2015 y noviembre de 2016 tras la dimisión de Eduardo Torres-Dulce. Tras su negativa a renovar algunos altos cargos de la Fiscalía, fue sustituida por el hoy fallecido José Manuel Maza. Uno de esos puestos que se negó a cambiar fue el de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que llevaba ocupando su compañero Javier Zaragoza durante los últimos once años. Bajo el mandato de Zaragoza en la Audiencia se procesó a Arnaldo Otegi y se actuó con contundencia contra ETA, aunque durante la tregua de la banda terrorista, con Cándido Conde-Pumpido en la Fiscalía General, se rebajó el tono con algún que otro giro inesperado.

Cadena, por su parte, es fiscal del Supremo desde hace once años y es, además, el responsable del área penal del Alto Tribunal. Ha llevado el recurso de la sentencia de los atentados del 11-M, la causa abierta contra Garzón por sus cursos en Nueva York, la acusación contra Carlos Fabra o los casos Bretón o Palau, entre otros. El cuarto fiscal es Jaime Moreno , en el Supremo desde 2003. Llevó el recurso del chivatazo a ETA en el bar Faisán y la acusación contra Homs por el 9-N, entre otros.

La otra acusación está en manos de la Abogacía del Estado, cuyo criterio durante el juicio difiere completamente del que mantuvo durante toda la fase de instrucción del «procés» . El punto de inflexión en la calificación jurídica de los hechos vino marcado por el cambio de Gobierno y la decisión de fulminar al jefe de la sección penal de la Abogacía, Edmundo Bal, quien hasta ese momento había mantenido el delito de rebelión, por el que llegó a pedir la apertura de juicio oral. Ahora será Rosa María Seoane quien llevará la acusación.

En su escrito de calificación provisional, las penas solicitadas por la Abogacía para los dirigentes independentistas son sustancialmente menores que las de la Fiscalía. En el caso de Junqueras, por ejemplo, el Ministerio Público pide 25 años frente a los 12 de los servicios jurídicos del Estado, que solo ven sedición y malversación.

La Abogacía reduce a unos «incidentes contra el orden público» lo que la Fiscalía califica de un «levantamiento generalizado y salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia».