Los fiscales del «procés», los cuatro «guardianes» de la autonomía del Ministerio Público

Desde el primer día, la actuación de los cuatro fiscales encargados de la causa del «procés» en el Tribunal Supremo ha estado marcada por la coherencia y la rigurosidad en sus planteamientos, que, alejados de vaivenes políticos, han respondido exclusivamente a razones jurídicas. Sólo así se entiende que representantes del Ministerio Público de distintas sensibilidades hayan caminado de la mano durante los últimos doce meses sin que el transcurso de los acontecimientos (huidas de imputados, denegación de órdenes de entrega europeas, presos preventivos o cambio de Gobierno en La Moncloa) haya variado un ápice su posición respecto a los hechos investigados.

Se trata de cuatro fiscales de sala, cúspide de la carrera, que cuentan con una amplia experiencia y que cada uno en su ámbito se ha ganado el respeto de todos sus compañeros.

Una de ellas es la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal , primera mujer que ha ocupado este cargo, predecesora de José Manuel Maza -artífice de la querella por rebelión-, y quien lleva en su ADN la firme defensa de la autonomía de la Fiscalía. Tanto es así que su negativa al relevo de puestos clave de distintas fiscalías le costó a ella misma no ser renovada al frente del Ministerio Público y que el Gobierno de Rajoy optara por Maza.

Hace apenas unos días, Madrigal leyó su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y se convirtió en la segunda mujer que obtenía la medalla de la corporación, tras la actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional Encarnación Roca.

Desde la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, su anterior cargo, Javier Zaragoza ya impulsó las investigaciones contra los cargos públicos secesionistas que trataron de poner en marcha la declaración de ruptura del «Parlament», del 9 de noviembre de 2015, que había sido suspendida por el Constitucional y que fue el pistoletazo del «procés». En una vista por la prisión de Oriol Junqueras, Zaragoza dejó claro que la Justicia «no es una moneda de cambio».

A diferencia de Madrigal, Zaragoza sí se ha significado políticamente en otras ocasiones, como sucedió con la retirada de la acusación de enaltecimiento del terrorismo a Otegi o la de integración en ETA de De Juana Chaos. Eran otros tiempos, aquellos en los que Cándido-Conde Pumpido estaba al frente de la Fiscalía General y que en plena tregua de ETA propugnaba que las togas tenían que mancharse con el polvo del camino. Miembro de la Unión Progresista de Fiscales, Zaragoza es un profesional respetado , avalado por su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Por su parte, Fidel Cadena, de la Asociación de Fiscales, es fiscal de sala desde hace once años. Durante los 17 anteriores estuvo destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Sus compañeros le describen como un «profesional brillante» , preparado, serio e independiente, que no se plegaría a ninguna instrucción contraria a lo que jurídicamente proceda. Prueba de ello fue cuando, en una de las vistas sobre la libertad del exconsejero Joaquim Forn en la que el fiscal general Sánchez Melgar ordenó pedir libertad bajo fianza, Cadena, no asociado, quiso dejar claro que hacía esa solicitud por imperativo legal de su jefe.

De igual forma Jaime Moreno , no asociado, acumula años de experiencia en el Supremo, donde aterrizó en 2003. Representó a la Fiscalía en el recurso de casación del 11-M, en el caso Faisán y en el juicio contra Homs por el 9-N. «¿Le parece que estamos politizados cuando han llegado a juicio casos como la Gürtel o las tarjetas black, además con un fiscal elegido por el PP? ¿Cree que es tan fácil que se llame el fiscal general y le diga al fiscal correspondiente “no acuses”? ¿Se imagina el escándalo que se formaría?», respondía en una entrevista en la Opinión de A Coruña una año antes del «procés».

Con cuatro fiscales de sala de esta talla habría sido impensable que la nueva fiscal general, María José Segarra, hubiera ordenado una rebaja en acusación. Fuentes del Ministerio Público aseguran que, desde su llegada, Segarra siempre les ha dado plena autonomía.