El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras
El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras - IGNACIO GIL

La Abogacía del Estado descarta la acusación por rebelión a los líderes del «procés»

El órgano dependiente del Ministerio de Justicia sólo acusa por sedición y malversación

La Abogacía otorga a Oriol Junqueras un rol de dirigente dentro del plan secesionista ilegal

MadridActualizado:

La Abogacía del Estado acusará a los líderes del proceso independentista ilegal solo por los delitos de sedición y malversación, dejando fuera de sus tesis la rebelión. Con esta decisión, el Gobierno de Pedro Sánchez —del que depende la Abogacía del Estado a través del Ministerio de Justicia— lanza su guiño político a los partidos independentistas, a quienes necesita para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Esta decisión choca con la posición de la Fiscalía, que prevé atribuir el delito de rebelión, uno de los más graves del Código Penal, a nueve antiguos líderes del secesionismo. El Ministerio Público sí considera que el plan independentista ilegal asumió los brotes de violencia, que tuvieron lugar en el acoso a la Guardia Civil y el referéndum ilegal, como un medio para alcanzar la secesión.

Fuentes jurídicas han confirmado los delitos por los que acusará la Abogacía del Estado a los responsables del órdago secesionista ilegal y han señalado que su escrito también atribuye a Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, la condición de «dirigente». Esto supondrá una petición mayor de pena para él en la acusación de la Abogacía, que renuncia a la rebelión, como adelantó ABC.

Con el escrito de calificación, la Abogacía del Estado escribe su relato sobre lo que sucedió en Cataluña con el órdago secesionista capitaneado por Carles Puigdemont y rechaza considerar a los líderes del «procés» responsables de un alzamiento público y violento para declarar la independencia de una parte del territorio de España. El Ministerio Público no ha dudado a lo largo de toda la investigación en calificar el plan ilegal de rebelión, un delito que se castiga con hata 25 años cárcel si se comete sin armas.

La Abogacía del Estado —el órgano que dirige los servicios de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas, integrado en el Ministerio de Justicia— solicitó el 6 de agosto la apertura de juicio oral por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Las tesis que se manifiestan en estos escritos previos al juicio son provisionales y no se convierten en definitivas hasta los últimos momentos de la vista oral, en el trámite para los informes finales. Lo previsible, sin embargo, es que la Abogacía del Estado se mantenga en esta acusación si sigue gobernando Pedro Sánchez.

El juicio, en el que 18 líderes independentistas rendirán cuentas por empujar hacia la secesión por las vías ilegales, se celebrará a partir de mediados de enero. Siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la cúspide del sistema judicial, resolverán sobre lo sucedido y decidirán si los líderes del «procés» delinquieron o no.