Los presos del «procés» elegidos diputados piden suspender el juicio y quedar en libertad

Según los abogados de los afectados, su elección como diputados obliga al Supremo a solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados, que se constituirá el próximo 21 de mayo. Este trámite supone pedir permiso a las Cortes para proceder en una causa judicial contra algún parlamentario y suele contar con un plazo de treinta días para que la cámara correspondiente (Congreso o Senado) otorgue su autorización. Los líderes del «procés» encarcelados piden que se suspenda el juicio mientras tanto.

«La inmunidad parlamentaria surte efectos desde la proclamación como diputados electos, esto es, antes de cumplir con los requisitos para adquirir la condición plena de diputado», alegan las defensas en los escritos, en los que también comunican su voluntad de asistir en persona a la primera sesión del pleno del Congreso para «prestar la promesa o juramento de acatar la Constitución», la misma norma que el plan secesionista ilegal pisoteó para tratar de alcanzar la independencia catalana por las vías ilegales. Para ese día, 21 de mayo, el tribunal del «procés» no fijó sesión del juicio al prever el calendario de mayo.

Con este planteamiento, las defensas también solicitan la suspensión del juicio «a la espera de la resolución de los suplicatorios de los encausados». Van sin embargo más lejos aún y acuden a una norma de 1912, la Ley relativa a la tramitación de suplicatorios y que según los abogados complementa lo previsto en la ley procesal penal, para argumentar que se debe levantar la prisión provisional. Piden así quedar en libertad para dejar sin efecto las medidas que puedan «limitar o condicionar» el ejercicio del cargo de diputados, un objetivo que conectan con la «amplia cobertura de la inmunidad» de los parlamentarios. Consideran que ello es necesario para «ejercer con plenitud» el cargo de diputados.

Los líderes del «procés» fueron encarcelados de forma preventiva durante la investigación contra el plan secesionista ilegal. El juez Pablo Llarena acordó esta medida para evitar el riesgo de que se fuguen, ante el grave horizonte penal que dibujan las acusaciones y por el ejemplo de Carles Puigdemont y los demás huidos, y para impedir que reiteren en los delitos. Todos ellos son juzgados por el delito de rebelión, uno de los más graves del Código Penal, que castiga a aquellos que declaran la independencia de España a través de un alzamiento violento y público. La sentencia del caso se prevé para después del verano.