El PP rompió las negociaciones para renovar las instituciones por los ataques de Podemos a la Monarquía

Las relaciones entre Sánchez y Casado han quedado un poco más dañadas, si cabe. Ya en la entrevista que mantuvieron el pasado miércoles en La Moncloa se comprobó que están muy lejos de llegar a un gran acuerdo, ya sea de Presupuestos o para renovar los órganos constitucionales. La presencia dentro de la coalición del Gobierno de un partido populista y de extrema izquierda, abiertamente antimonárquico, hostil al actual sistema político en España y partidario de un referéndum de independencia en Cataluña, enturbia cualquier posibilidad de pacto.

Ahora, el hecho de que Sánchez filtre un mensaje "privado" de Casado a un medio afín ha sorprendido en Génova. La confianza se ha hecho añicos, si es que no estaba totalmente rota ya.

En un comunicado difundido este lunes por el PP, el partido responde a Pedro Sánchez, que esta misma mañana ha asegurado en una entrevista que existía un acuerdo cerrado «al 99%» para renovar el CGPJ, pero que los populares rompieron «inexplicablemente» su palabra . Fuentes del PP aseguran que el Ejecutivo miente a decir que el motivo de esta marcha atrás fueran las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo tras ser destituida como portavoz parlamentaria y critican la filtración de conversaciones privadas con el líder de la oposición para presionarle —algo que definen como «insólito»—.

El documento publicado por el PP hace un repaso de los acercamientos que han mantenido con el Gobierno para intentar alcanzar un acuerdo. Aseguran que el primer contacto se produjo el 6 de julio, durante el 40 aniversario del Tribunal Constitucional. Ese día Carmen Calvo y Juan Carlos Campo —vicepresidenta y ministro de Justicia, respectivamente— solicitaron iniciar unas conversaciones que Casado encargó a al secretario de Justicia del partido, Enrique López .

Según el PP, López avanzó a lo largo de ese mes en la elaboración de una «Ley para el reforzamiento de la independencia de la Justicia» como paso previo a esas negociaciones. Recuerdan, además, que el PSOE rechazó en diciembre de 2018 la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el partido liderado por Casado.

El 22 de julio, Sánchez envió un mensaje de WhatsApp a Casado en el que le proponía los interlocutores para las negociaciones, que fueron aceptados «sin entrar a valorar ni siquiera el fondo de la cuestión», sostienen desde el PP.

Sin embargo, a partir del 3 de agosto todo se tuerce. Ese día, Don Juan Carlos anuncia su salida de España y Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, comienza sus ataques a la Monarquía , que el PP califica como «intolerables». Además, denuncian que Casado, como líder de la oposición, no fue nunca informado de esta situación por parte del presidente del Gobierno, a quien se le transmitió que el acuerdo no podría seguir adelante si Podemos mantenía esa actitud.

Una semana más tarde, el 11 de agosto, Podemos fue imputado por supuesta financiación irregular y el socio de Gobierno del PSOE puso también en la diana de sus ataques al poder judicial que pretendían renovar. A esa situación se sumaban las peticiones de la formación morada a los socialistas para que los Presupuestos Generales del Estado se pactaran con los independentistas de ERC y que en el País Vasco se formara un tripartito entre PSOE, Podemos y EH Bildu.

Por todo ello, el 14 de agosto el PP transmitió durante una reunión presencial que no era posible «acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tenía cualquier papel en ella» . El 2 de septiembre, cuando Casado y Sánchez se reunieron en La Moncloa, el primero insistió en esta idea.

Desde el PP sostienen que «la transparencia y la responsabilidad institucional han regido todo este proceso por parte del principal partido de la oposición, a pesar de las insólitas filtraciones manipuladas en los medios de comunicación» y subrayan: «La posición del Partido Popular es firme y coherente y siempre se guiará por el reforzamiento institucional del Estado y la despolitización del poder judicial».