La renovación del Tribunal Constitucional retrasaría el fallo sobre las condenas del «procés»

En este caso no es el órgano en su conjunto, sino un tercio de los doce magistrados que lo componen, el que tiene que ser elegido. En concreto se trata del tercio cuyo nombramiento corresponde al Congreso y cuyo mandato venció en noviembre del pasado año . La posible alteración de fuerzas en el seno del tribunal, ahora de mayoría conservadora, por las exigencias de los compañeros de Gobierno de Pedro Sánchez –cuya exclusión de las negociaciones es la condición que pone el PP para sentarse a hablar– y sus aliados, puede condicionar el papel del tribunal como órgano vertebrador del Estado. Si ya lo fue los meses previos y durante el otoño de 2017, en el que respondió con unanimidad y contundencia ante el desafío secesionista, este papel de garante del orden constitucional sigue siendo fundamental en un momento en el que los magistrados tienen sobre la mesa los recursos de los presos del «procés» contra la sentencia del Supremo y en el que todo parece indicar que Quim Torra no recibirá con la sumisión debida la noticia de su previsible inhabilitación por parte del Alto Tribunal este mes de septiembre.

El Tribunal Constitucional cuenta en estos momentos con siete magistrados de perfil conservador frente a cinco progresistas . Entre los que abandonarán el tribunal se encuentran el presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés. La continuidad de este último en el TC ya por sí sola pende de un hilo al haber una investigación abierta contra él por violencia de género sobre la que se tiene que pronunciar el Tribunal Supremo tras haber recibido la exposición razonada de una juez de Madrid . No hay duda de que con una renovación ya consumada y este magistrado progresista fuera del tribunal, el foco mediático no estaría encima del órgano de garantías. Tampoco la hay de que si la investigación siguiera adelante en el TS, Valdés tendría que abandonar el órgano y los progresistas contarían con un magistrado menos. Las presiones y críticas de la izquierda para que el hoy portavoz de Justicia del PP y consejero de la Comunidad de Madrid Enrique López abandonara su plaza en el TC por conducir ebrio fueron máximas en su día.

Pese a que la Constitución es clara cuando habla de un mandato de nueve años, una reforma en la ley orgánica del TC en 2010 consensuada entre PSOE y PP –como consecuencia del retraso en la renovación de los magistrados cuyo nombramiento correspondía al Senado– ha provocado que los cuatro magistrados salientes (dos de perfil conservador y dos progresista) tengan que abandonar el órgano de garantías antes de tiempo.El artículo 16 de la ley que regula al TC señala en su apartado cinco: «Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación». Dicho de otra forma, los magistrados acaban pagando las consecuencias de la falta de acuerdo entre los partidos, pues se les ha restado un año y ocho meses de un mandato, que sin este cambio legal y siguiendo lo previsto en la Carta Magna, tendrían que haber terminado en julio de 2021.

Fuentes próximas al Tribunal aprecian una posible inconstitucionalidad de este cambio legal, pero nadie (ni siquiera los interesados) se ha atrevido a someter esta reforma al control de constitucionalidad de sus propios compañeros.

Ante la falta de acuerdo para la renovación, y al igual que el CGPJ con los nombramientos, el TC tiene previsto seguir adelante con su calendario, de forma que espera resolver los recursos contra la sentencia del «procés» en el primer trimestre del próximo año. Si la renovación se consumara antes, estos plazos se dilatarían por la reestructuración que habría que llevar a cabo en el seno del Tribunal, aunque fuentes del órgano confían en que una composición diferente no altere el entendimiento entre todos los magistrados sobre asuntos del «procés».