El PP balear presenta una querella contra el alcalde de Palma y otros cargos de MÉS por presunta prevaricación

Cabe recordar que el 4 de octubre del pasado año la Fiscalía Anticorrupción había presentado ya una querella contra Garau y contra cuatro altos cargos o ex altos cargos ecosoberanistas en relación a esta causa. En concreto, eran la exconsejera de Transparencia y Cultura del Govern, Ruth Mateu; el exdirector del Instituto de Estudios Baleáricos, Josep Ramón Cerdà; el ex director general de Cultura, Jaume Gomila, y el gerente de la Agencia de Turismo de las Islas Baleares, Pere Muñoz. Este último dimitió de su cargo una semana después de haber sido presentada la querella. Anticorrupción les atribuyó a los cinco los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias .

Con posterioridad, el pasado mes de abril, todos ellos comparecieron ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, en calidad de investigados, equivalente a imputados. Los cinco negaron ante el juez haber cometido cualquier posible irregularidad. La querella presentada ahora por el PP balear incluye a esos cinco imputados y, como se ha señalado ya, al actual alcalde de Palma. Además, la denuncia afecta también al presidente del Consejo de Formentera, Jaume Ferrer, de la formación Gent per Formentera. Ni Noguera ni Ferrer han sido imputados hasta el momento en el caso Contratos. Aun así, el PP cuestiona en su querella el proceder de ambos en relación a varias contrataciones.

En el caso de Noguera, se pone en duda la legalidad de una contratación realizada por el Ayuntamiento de Palma con una empresa de Garau en septiembre de 2015. Dicha empresa recibió un total de 15.000 euros por la elaboración de un proyecto técnico para la Concejalía de Urbanismo, que en aquellas fechas dirigía el propio Noguera. Por lo que respecta a Ferrer, en la denuncia del PP se pide que se investiguen dos contratos suscritos por el Consell de Formentera con Garau, uno por valor de 15.609 euros en 2015 y otro por un importe de 14.399 euros un año después. En ambos casos se trató de la realización de encuestas para conocer el grado de satisfacción turística de los visitantes de Formentera.

Los orígenes del caso Contratos cabe situarlos en abril del pasado año. En esas fechas, el Ministerio Público abrió diligencias informativas en relación al mismo, en concreto, por seis contratos «a dedo» otorgados a Garau en el primer tramo de la presente legislatura autonómica. De esos seis contratos, cinco habían sido suscritos con el Gobierno balear y uno con el Ayuntamiento de Palma. El montante total de dichas adjudicaciones ascendió a 154.360 euros.

Las adjudicaciones a través de contratos menores o de procedimientos negociados , coloquialmente denominadas «a dedo» , son legales, pero en estos últimos años se están cuestionando cada vez más porque pueden encubrir presuntos favoritismos en beneficio de empresas concretas o en algunos casos incluso actuaciones supuestamente delictivas. Según los informes policiales entregados en su momento a la Fiscalía, esa última situación se habría dado en el caso Contratos, al haberse producido una presunta fragmentación irregular de contratos para, al parecer, soslayar la convocatoria de un concurso y favorecer directamente a una de las empresas del antiguo estratega electoral de MÉS por Mallorca.

Tras conocerse este jueves la presentación de una querella por parte del PP contra MÉS, el alcalde de Palma ha señalado que «el Partido Popular quiere tapar su corrupción y su vergüenza con esta cortina de humo» . Noguera ha añadido que «la Justicia hace ya tiempo que constató la legalidad de este contrato y quiero remarcar que este contrato ayudó a la ciudad a tener la mayor subvención europea de la historia, 12,7 millones de euros». En cualquier caso, si el juez decidiera finalmente imputar a Noguera, el alcalde de la capital balear se podría ver obligado a dimitir, en cumplimiento del código ético de su partido.

Más allá de las hipotéticas responsabilidades penales que se puedan derivar de este caso en un futuro, las consecuencias políticas empezaron a evidenciarse hace ya un año y medio. Así, el 31 de marzo de 2017 la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, forzó la dimisión de Ruth Mateu como consejera autonómica. El cese de Mateu —integrante de MÉS por Menorca— no fue bien recibido por los ecosoberanistas menorquines, que ese mismo día anunciaron su salida del Govern. De ese modo, expresaron su malestar con sus compañeros de MÉS por Mallorca y con el PSOE, al considerar que, de manera injusta, ambas formaciones habrían hecho recaer sobre Mateu toda la responsabilidad sobre el asunto de las adjudicaciones hoy bajo sospecha.

Por su parte, el entonces vicepresidente del Gobierno balear y consejero de Turismo, el ecosoberanista Biel Barceló, se vio obligado a comparecer en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento balear el 12 de abril de 2017, para dar explicaciones sobre esta cuestión. Barceló reconoció entonces que fue un «error político» que altos cargos de su departamento hubieran adjudicado dos contratos sin concurso público a Garau. En dicha fecha compareció igualmente el consejero de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, también integrante de MÉS por Mallorca. Vidal defendió en la citada comisión la legalidad de un contrato menor otorgado por su departamento a Garau.

Las explicaciones ofrecidas entonces por Barceló y por Vidal no convencieron ni a Podemos —que presta su apoyo externo al Ejecutivo de Armengol— ni a las formaciones de la oposición, que en esta legislatura son el PP, Cs y Proposta per les Illes. Barceló acabaría dimitiendo como vicepresidente y consejero de Turismo unos meses después, el pasado mes de diciembre, si bien por otro asunto. Barceló renunció a ambos cargos por las críticas recibidas por un viaje suyo gratis total al Caribe, que había sido sufragado por una empresa privada. En la actualidad, Barceló sigue como diputado autonómico.