Un alto cargo de MÉS en el Gobierno balear dimite tras ser denunciado por Anticorrupción

La querella presentada el martes de la pasada semana por Anticorrupción incluía a Garau y a Muñoz, así como también a la exconsejera de Transparencia y Cultura del Govern, Ruth Mateu ; el exdirector del Instituto de Estudios Baleáricos, Josep Ramón Cerdà , y el ex director general de Cultura, Jaume Gomila . Anticorrupción les atribuye los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. A partir de ahora será el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma el que deberá decidir en las próximas semanas si admite o no a trámite la citada denuncia.

Muñoz ya había puesto su cargo a disposición del vicepresidente balear la pasada semana, si bien Barceló optó en un primer momento por mantenerle en su puesto. En el pleno celebrado este martes en el Parlamento regional, Barceló ha anunciado que después de haber reflexionado varios días sobre este asunto, ha aceptado finalmente hoy la renuncia de Muñoz. El vicepresidente también ha reiterado que él no piensa dimitir. «No les daré ese gusto», ha dicho a los diputados del PP.

En su carta de renuncia, Muñoz señala que «ahora toca dejarlo, hacerlo fácil y no permitir que nadie utilice la demagogia para hacer daño a este Govern de gente comprometida». En su escrito, Muñoz se muestra además convencido de que «la acusación no tendrá ninguna trascendencia, porque hemos hecho las cosas bien, más incluso de lo que nos marca la legalidad».

Cabe recordar que el pasado mes de abril Anticorrupción había abierto ya diligencias informativas en relación a este caso, en concreto, por seis contratos «a dedo» otorgados a Garau en el primer tramo de la presente legislatura autonómica, cinco por parte del Gobierno balear y uno por parte del Ayuntamiento de Palma. El montante total de dichas adjudicaciones ascendió a 154.360 euros.

Las adjudicaciones a través de contratos menores o de procedimientos negociados, coloquialmente denominadas «a dedo», son legales, pero en estos últimos años se están cuestionando cada vez más porque pueden encubrir presuntos favoritismos en beneficio de empresas concretas o en algunos casos incluso actuaciones supuestamente delictivas. Esa última situación se habría dado en este caso concreto, al haberse producido una presunta fragmentación irregular de contratos para, al parecer, soslayar la convocatoria de un concurso y favorecer directamente a una de las empresas del estratega electoral de MÉS por Mallorca.

Más allá de las hipotéticas responsabilidades penales que se puedan derivar de este caso en un futuro, las consecuencias políticas empezaron a evidenciarse hace ya medio año. Así, el pasado 31 de marzo la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol , forzó la dimisión de Ruth Mateu como consejera autonómica de Transparencia y Cultura. El cese de Mateu —integrante de MÉS por Menorca— no fue bien recibido por los econacionalistas menorquines, que ese mismo día anunciaron su salida del Govern. De ese modo, expresaron su malestar con sus compañeros de MÉS por Mallorca y con el PSOE, al considerar que, de manera injusta, ambas formaciones habrían hecho recaer sobre Mateu toda la responsabilidad sobre el asunto de las adjudicaciones hoy bajo sospecha.

Por su parte, el vicepresidente balear se vio obligado a comparecer en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento balear el pasado 12 de abril para dar explicaciones sobre esta cuestión. Barceló reconoció entonces que fue un «error político» que altos cargos de su departamento hubieran adjudicado dos contratos sin concurso público a Garau. En dicha fecha compareció igualmente el consejero de Medio Ambiente, Vicenç Vidal , también integrante de MÉS por Mallorca. Vidal defendió en la citada comisión la legalidad de un contrato menor otorgado por su departamento a Garau.

Las explicaciones ofrecidas entonces por Barceló y por Vidal no convencieron ni a la oposición ni a Podemos, partido que presta su apoyo externo al Ejecutivo de Armengol. En ese sentido, el entonces líder de la formación morada en Baleares, Alberto Jarabo , pidió de manera implícita a Barceló que dimitiera, posibilidad que el vicepresidente descartó en aquel momento y que ha vuelto a rechazar también ahora.

En ese contexto, la portavoz de Podemos en el Parlamento balear, Laura Camargo , ha celebrado este martes la renuncia de Muñoz, si bien también ha pedido que se lleve a cabo una auditoría externa en la Consejería de Turismo. Dicha auditoría debería servir para «tener constancia» de que todo lo ejecutado se habría realizado «de acuerdo con los principios con que se rigen los Acuerdos por el Cambio». Dicha denominación hace referencia al pacto que a mediados de 2015 suscribieron el PSOE, MÉS y Podemos para que Armengol pasase a ser la nueva presidenta de la Comunidad. Según Camargo, los citados principios de los Acuerdos por el Cambio serían los de «transparencia y buen gobierno».

Por su parte, la portavoz del PP en la Cámara regional, Margalida Prohens , ha anunciado que su grupo presentará una nueva propuesta de reprobación de Barceló. Una primera moción en ese sentido, presentada también por los populares, fue debatida en el Parlamento balear el pasado mes de septiembre. Votaron entonces a favor de la reprobación el PP y Ciudadanos, mientras que el PSOE, MÉS por Mallorca y MÉS por Menorca votaron en contra. La abstención de Podemos —que cuenta con ocho diputados— y la de Proposta per les Illes (PI) evitaron que Barceló fuera finalmente reprobado por la Cámara. El ajustado resultado final fue de 22 votos a favor, 24 en contra y 11 abstenciones.

La nueva propuesta de reprobación incluye ahora dos puntos nuevos. En concreto, se pide al Gobierno balear que se persone como acusación particular en el caso Contratos y también se solicita que el departamento de Intervención determine si los precios que se pagaron por los estudios realizados por la empresa de Garau eran correctos. Precisamente, el viernes de la pasada semana la portavoz del Ejecutivo regional, la socialista Pilar Costa, señaló que si finalmente hubiera indicios de que los intereses de la Comunidad han resultado perjudicados en el caso Contratos, el Govern se personaría en esta causa.