La política de gestos del Gobierno a ETA causa la dimisión forzada del fiscal Fungairiño

Su posicionamiento contrario a una posible y futura generosidad , por ejemplo, en materia de redenciones a los presos de ETA, así como en otros procesos relacionados con los dirigentes del brazo político de la banda terrorista -Arnaldo Otegi tiene varias causas abiertas- es el verdadero motivo que, en opinión de muchas voces dentro y fuera de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha llevado a la remoción de Fungairiño. Ese mismo entorno expresa su preocupación por el efecto que el cese pueda tener en el desarrollo de un juicio tan crucial como el del «caso EKIN», que se celebra desde el pasado 21 de noviembre contra el aparato político, mediático y cultural de ETA. El propio Otegi tiene que declarar mañana en la Audiencia Nacional acusado de desobediencia, reunión ilícita y exaltación del terrorismo por el acto celebrado por la ilegalizada Batasuna en Anoeta (en noviembre de 2004).

La versión oficial que ofrece la Fiscalía General del Estado, sin embargo, dista mucho de esa interpretación.

En una escueta nota de prensa difundida a las dos y cuarto de la tarde de ayer, se asegura que Eduardo Fungairiño «ha presentado la renuncia a su cargo ante el fiscal general del Estado por razones estrictamente personales». Esas «razones personales» son las que el propio Fungairiño ha utilizado como único argumento «público» para explicar lo ocurrido.

Sin embargo, en círculos próximos al ya ex fiscal-jefe de la Audiencia Nacional se asegura que no fue Fungairiño quien se presentó ante Conde-Pumpido para presentar voluntariamente su dimisión, sino, al contrario, que fue llamado a capítulo y forzado a abandonar el tribunal en el que ha trabajado durante los últimos 26 años.

A la reunión en el despacho del fiscal general asistieron también el teniente fiscal del Tribunal Supremo («número dos» de la Fiscalía), Juan José Martín Casallo, y la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Elvira Tejada. Las fuentes citadas señalan que Conde-Pumpido reprobó duramente a Fungairiño -con quien mantiene una difícil relación-, desplegó un abanico de agravios y le amenazó con abrirle un expediente si no presentaba su dimisión. Ese expediente serviría de base para poner en marcha el mecanismo previsto en el artículo 41 del Estatuto fiscal, que faculta al Gobierno a «remover» a los fiscales jefes «a propuesta del fiscal general», quien «deberá oír previamente al Consejo Fiscal y al interesado».

Entre esos agravios, ninguna cuestión de fondo. Más bien todas de forma. Una suma de reproches, aseguran las fuentes, por no haberle informado de asuntos tan dispares como la apertura de una causa a un magistrado o la posibilidad -denunciada por escrito en fechas recientes por el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez-, de que los imputados encarcelados por el 11-M tengan que ser puestos en libertad si el juicio no se celebra y la sentencia no se dicta antes de la primavera de 2008.

Fungairiño, con categoría de fiscal de Sala, quedará adscrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo, a la que podría incorporarse la próxima semana y donde parece probable que se haga cargo de los recursos relacionados con terrorismo y cooperación internacional.

Un jarro de agua fría

Tras la reunión con Conde-Pumpido, Fungairiño comunicó a su equipo de fiscales y a los funcionarios que trabajan con él la noticia de su marcha. Fue como un jarro de agua fría. Las caras largas y las lágrimas no tardaron en apoderarse de la Fiscalía, donde nadie quería hablar de lo ocurrido.

La tristeza y el abatimiento eran evidentes en el gesto de Fungairiño, quien antes de dejar su despacho firmó todos los escritos que tenía pendientes. Ante los periodistas que se concentraron en la Fiscalía, se mostró parco en explicaciones: «Razones estrictamente personales. Interprétenlo como quieran», dijo. Negó dejar la Audiencia por «cansancio» o por discrepancias con el fiscal general del Estado ya que, ironizó, «con los fiscales generales nunca hay discrepancias. Por eso son fiscales generales, claro». Sobre el momento en el que tomó la decisión, sólo acertó a decir que fue «muy próximo» en el tiempo y admitió estar esperando que algo así sucediera.

A partir de ahora, queda abierto el relevo de un «histórico» en la Audiencia Nacional. Para el cargo ha empezado a sonar como posible candidato Ricardo Cabedo, fiscal jefe del tribunal superior de la Comunidad Valenciana y hombre próximo al fiscal general.