Policías y oposición ven «surrealista» la reforma para «podemizar» la ley de Seguridad

PSOE y UP también pretenden restringir el material antidisturbio para los casos más extremos con «protocolos específicos» que obliguen a «utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas». Es decir, acabar con las pelotas de goma. Los sindicatos policiales recuerdan que ya hay protocolos sobre cómo y cuándo emplear ese tipo de material . El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), José María Benito, confirma que los antidisturbios «están muy formados para utilizar esos recursos», como demuestra el hecho de que sólo se utilizan en casos muy excepcionales y de extrema gravedad .

Su homólogo del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Morales, explica que es un recurso para responder de manera «proporcional y suficiente» ante altercados graves o violencia desbocada, por ejemplo cuando se lanzan adoquines, contenedores ardiendo o cócteles explosivos, como ocurrió hace dos años en la plaza Urquinaona de Barcelona. Dos de los agentes agredidos en esas protestas por la sentencia del procés han tenido que jubilarse con 45 y 43 años , respectivamente, por la incapacidad permanente que les provocaron las heridas que sufrieron en aquel caos.

El portavoz del sindicato Justicia Policial (Jupol), Pablo Pérez, añade que «no tenemos ningún problema» en que esas pelotas se sustituyan «siempre que sea por algo igual de disuasorio y que esté testado y validado por los compañeros que tengan que utilizarlo».

Los representantes policiales también consideran «surrealista» y «una forma de reírse de la Policía» convertir a los agentes en una especie de chóferes de los detenidos por negarse a ser identificados durante una protesta. Con esta medida de PSOE y UP, la Policía no podrá tener en comisaría al detenido más de dos horas, tras las cuales tendrá que devolverle al mismo lugar donde fue detenido.

Según la normativa actual, habría que utilizar un coche patrulla y dos agentes para cada uno de esos viajes de vuelta de quienes se niegan a identificarse, como suelen hacer los más radicales en las protestas más violentas. Incluso, puede darse la paradoja de que la propia Policía tenga que llevarlos al mismo lugar de los altercados mientras se continúan produciendo, pues en algunos casos se prolongan durante más de las dos horas que pueden ser retenidos en comisaría. SUP, UFP y Jupol advierten de que eso supondrá «quitar efectivos de otras necesidades de seguridad» y «poner la Policía al servicio no de los ciudadanos, sino de detenidos por incumplir la ley» .

Más grave todavía es para los representantes de los policías el intento de PSOE y UP de limitar la presunción de veracidad de los agentes, por la cual un atestado policial prevalece sobre la palabra del detenido cuando no hay otras pruebas de un presunto delito. Morales (SUP) advierte de que eso «agravaría más todavía la situación de desamparo» a la que se enfrentarán sus compañeros si prosperan esta reforma. Pablo Pérez (Jupol) avisa de que sería «un paso atrás muy grave para la seguridad en España» y Benito (UFP) lamenta que estas iniciativas sólo pretenden «retratar a la Policía española como mentirosa y violenta» .

En el plano político, la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, denuncia este «intento de podemizar la Ley de Seguridad» con medidas que «no son para defender a quienes velan por la seguridad de todos ni a los que se manifiestan de forma pacífica, que nunca han tenido ningún problema con esta ley» aprobada por su partido en 2015. Por contra, denuncia que es una maniobra «para proteger a radicales y matones como los escoltas de Podemos que revientan mítines en Vallecas o agreden a agentes en Barcelona». La portavoz popular de Interior apunta que los impulsores de esta reforma «odian y tienen manía a los policías y guardias civiles, por eso plantean estas cosas».