La Policía pide al juez de 'Lezo' que incorpore a la causa las agendas de Villarejo

De acuerdo con las anotaciones realizadas por Villarejo, que recoge dicho medio, en 2015 ya sabía quiénes habrían sido las personas encargadas de trasladar al empresario Adrián de la Joya y al expresidente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel una presunta mordida de 1,7 millones de euros que habría pagado la constructora OHL México a cambio de la adjudicación de las obras del tren entre Móstoles y Navalcarnero (Comunidad de Madrid).

Así, el 31 de agosto de ese año escribió junto a 'Joy', el apodo adjudicado a De la Joya: «Cándido Cerón es teniente coronel (muy vinculado con CNI), su socio es Jesús Gil (nada que ver con el famoso) y junto a Ildefonso de Miguel son los que organizaron todos los pagos y comisiones para IG», en alusión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

La UCO tuvo conocimiento de quiénes habrían sido estos intermediarios el pasado mes de octubre, tras recibir una comisión rogatoria donde las autoridades suizas indican a las españolas que las personas que controlaban la sociedad panameña Hanalei Holdings, que fue la que envió las tres últimas transferencias a De Miguel por esta presunta comisión, eran Jesús Gil Pérez, Heraclio López Sevillano y Cándido Cerón Escudero.

Un informe de la UCO, al que tuvo acceso Europa Press, señala que los implicados en 'Lezo' usaron a estos tres empresarios para ocultar las presuntas mordidas usando para ello las fundaciones que el trío tenía en Liechtenstein : la Fundación Gibis, en el caso de Gil Pérez; Cetif, en el de López Sevillano; y Comedien, en el de Cerón Escudero.

Los investigadores también pusieron el foco en Avanzit, la empresa que sería el nexo común entre los empresarios que realizaron un pago de 1,5 millones a De Miguel y los 1,7 millones pagados por OHL a Lauryn Group, propiedad de De la Joya.

Con todo, la UCO cree que podría tratarse de «una operativa de blanqueo para romper la trazabilidad de los pagos de OHL», que recibió De la Joya como intermediario y que este podría haber compensado de algún otro modo a los beneficiarios reales de la cuenta de Hanalei Holdings INC, atendiendo a los «vínculos profesionales» que les unían.

Fue el pasado 4 de junio cuando el juez instructor de la causa 'Lezo' acordó enviar a juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al empresario Javier López Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento mercantil y fraude a las Administraciones Públicas en el marco de la pieza separada número 3 en la que se investigaba la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez Manuel García-Castellón señalaba además que la vista se debía celebrar contra De la Joya –vinculado al comisario José Manuel Villarejo–; Rafael Arturo Martín, consejero de OHL; Felicísimo Damián Ramos, director de Control de Gestión de OHL; e Ildefonso de Miguel, presidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012 por los mismos delitos.

Según el escrito de conclusiones provisionales de Anticorrupción de diciembre de 2020, en el que interesaba penas de seis años y medio para López Madrid y cuatro para González (informe del que el juez recoge en su auto las líneas fundamentales), la adjudicación del contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero recayó en una UTE participada por OHL en 2007 gracias a la «ventajosa oferta económica» en comparación con otras siete empresas.

Pero «en realidad, la presentación de esta oferta obedeció a un plan ideado por los acusados Javier López Madrid –consejero dominical de OHL en el momento de los hechos– y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas». Dicho plan, consistía en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta.

«Para lograr su propósito ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares –aproximadamente 1,8 millones de euros– al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada, entonces consejero delegado de Mintra y, como tal, órgano de contratación de la entidad», recordaba el juez en su auto.