Podemos se escuda en cuestiones de forma para pedir el cierre de la causa

Calvente fue despedido en diciembre de 2019 bajo una acusación de acoso que la denunciante no pudo probar ante los tribunales, pero siempre ha defendido que se trató de una purga porque había detectado serias irregularidades contables que podrían ser constitutivas de delito. «Soy una víctima de la trama corrupta que vengo a denunciar» , decía el escrito que presentó ante la Guardia Civil en diciembre del año pasado.

Llevaba en el partido desde agosto de 2014 y durante su trayectoria ocupó varios puestos de relevancia, en los que, según Podemos, «le era aplicable el deber de sigilo y confidencialidad». La defensa argumenta que pese a ello, recabó documentación a lo largo de «una, a todas luces, fraudulenta investigación secreta », que es precisamente la que ahora ha puesto en manos de la justicia.

A lo largo de una decena de páginas de las 26 que tiene el recurso, al que tuvo acceso ABC, Podemos profundiza en este asunto para que la instancia superior anule toda la documentación aportada y en consecuencia las diligencias que el juez Juan José Escalonilla ha acordado a raíz de la misma tras abrir una causa penal.

Esa práctica de pruebas consta en un auto del pasado 30 de julio, ampliado con otro complementario el día 31, por el que han sido imputados, además de Podemos, que ya tiene la condición de investigado, el responsable de las dos últimas campañas electorales, Juan Manuel Del Olmo, el tesorero, Daniel de Frutos; y la gerente, Rocío Esther Val; entre otros.

La defensa señala que la resolución «adolece de nulidad radical y de pleno derecho» porque la documentación de Calvente fue así obtenida «ilícitamente» y, además, contiene datos de carácter personal que deberían estar protegidos, tanto de personas del partido como de ajenas al mismo. Refiere en concreto tres baterías de documentación aportadas por el denunciante: las liquidaciones de gastos, las nóminas y los borradores de contratos con las consultoras Neurona Comunidad y ABD.

Llama la atención otro de los argumentos que esgrime la formación para defender la ilicitud de esa prueba y es que, según expone, que el propio partido animase a denunciar siempre con pruebas no valdría para Calvente. «Las manifestaciones de representantes del partido, por las cuales se advertía que cualquier persona que denunciara actos irregulares o ilícitos tendría que probarlo ante los tribunales, no pueden ser entendidas como invitaciones genéricas a vulnerar el secreto profesional ni por supuesto ningún tipo de autorización expresa para divulgar documentación e información que hubiera obtenido en el ejercicio de su cargo», señala el recurso.

No obstante, además de anular los papeles, Podemos pide que se anule también la declaración que prestó el abogado el pasado 29 de julio ante el juzgado para ratificar su denuncia inicial. Tal y como ya detalló en un escrito de alegaciones, de tres horas y media que duró la comparecencia sólo han tenido acceso a poco más de 41 minutos, lo que les genera «indefensión», habida cuenta de que los autos del juez no exponen los hechos presuntamente delictivos que se imputan a ninguno de los investigados:, sino que remite a la denuncia y a su ratificación.

Y para Podemos, esa denuncia son «meras sospechas» que nunca debieron motivar la apertura de una causa y menos, las imputaciones. El recurso se detiene en varios de los asuntos que señala el letrado desde su «enemistad» e incide en que la denuncia está «sesgada» y omite información.

Lo expone por ejemplo sobre el sobreprecio injustificado que, según el abogado despedido, habrían tenido las obras de reforma de la sede y que habrían revertido en comisiones. Podemos dice que Calvente mismo autorizó la contratación por la vía de urgencia y aporta unos chats que completan los que el abogado entregó al juzgado y en los que esa parte de la charla no aparecía . El caso es que el juez ha requerido toda la documentación sobre la obra, desde la licitación hasta el contrato con el arquitecto, pasando por la testifical de las empresas proveedoras.

Pero uno de los asuntos más delicados es la contratación de consultoras con gastos de campaña. Calvente sostiene que fue fraudulenta y aporta un borrador de contrato con Neurona Comunidad fechado antes de la constitución de esta empresa como tal en España, apuntalando su tesis de un contrato amañado en el que podrían mediar comisiones.

Podemos, en su recurso, habla de «fecha aparentemente errónea» porque en aquel momento -27 de febrero- «no estaba constituida la coalición firmante» del acuerdo. Para el juez, es relevante: ha citado como investigado al administrador de Neurona Comunidad en aquella época, Elías Castejón, y a su intermediario con el partido, así como pedido cuentas y movimientos bancarios para analizar los pagos.

Para Podemos no queda otra que anular toda la causa porque entiende que es prospectiva, pero pide a la Audiencia Provincial que si no, ordene el archivo de actuaciones o, al menos, anule el auto que se basa en los papeles y la denuncia de Calvente.

El instructor, habida cuenta de la cantidad de diligencias que ha acordado, no lo ve así. El recurso no paraliza la causa, que tiene a la Policía Judicial ya recabando documentación, pero debería resolverse antes de noviembre, cuando declaran los imputados. El hecho de que en septiembre haya citada una testigo, pone la pelota en la Sala de Vacaciones de la Audiencia Provincial, que puede, por premura, asumir el asunto.