Podemos e IU denuncian a ocho ministros por tres presuntos delitos de corrupción en la operación Chamartín

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, aparecen como demandados ocho exministros de Fomento (los más recientes, Íñigo de la Serna y José Luis Ábalos), dos expresidentes de la Comunidad de Madrid (Esperanza Aguirre e Ignacio González) y dos exalcaldes de la capital (Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella).

Los ministros que son objeto de la denuncia son Josep Borrell (1991-1996), Rafael Arias Salgado (1996-2000), Francisco Álvarez Cascos (2000-2004), Magdalena Álvarez (2004-2009), José Blanco (2009-2011), Ana Pastor (2011-2016), Íñigo de la Serna (2016-2018) y José Luis Ábalos (2018 hasta hoy).

El Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado lunes por unanimidad la que es su mayor operación urbanística, Madrid Nuevo Norte, un proyecto conocido popularmente como Operación Chamartín y que ha estado bloqueado durante 26 años.

Aunque fue el Gobierno municipal de la exalcaldesa Manuela Carmena el que firmó la redacción definitiva del proyecto , en la denuncia no aparece ninguno de sus miembros.

La portavoz de IU Madrid, Sol Sánche z , ha explicado a los medios que no puede apuntar al anterior Ejecutivo como «responsable» de algo que «se ejecutó» el pasado lunes , ya en una nueva legislatura, aunque ha señalado que si «hay alguna implicación más» la Fiscalía Anticorrupción «tendrá que imputar o llamar a declarar a la gente que sea necesario».

Podemos e IU consideran que las condiciones del contrato inicial de 1993 mediante el cual Renfe concedió al consorcio privado Duch (actual Distrito Castellana Norte o DCN) los terrenos del recinto ferroviario de Chamartín se han ido modificado sustancialmente, pero sin que haya habido nuevas licitaciones, y que los sucesivos cambios han sido «claramente lucrativos» para la promotora.

El «quebranto a las arcas públicas» que calculan Podemos e IU corresponde a tres conceptos. El principal es la modificación del precio, que según estas formaciones ha costado al Estado 2.117 millones de euros.

Esto se explica porque en el contrato original Renfe recibía un canon fijo de 17.000 millones de pesetas y un 53 % de los beneficios que originara la operación. Finalmente, Adif venderá sus terrenos (con un 71 % más de edificabilidad que en el primer plan) por 984 millones de euros, renunciando a cualquier plusvalía.

Además, Podemos e IU estiman que este importe «es la mitad del precio de mercado».

Por otro lado, añaden como perjuicio la rebaja de los costes de urbanización que se ha ido produciendo con las sucesivas modificaciones (de 1.924 a 1.341 millones euros) y los 80 millones de euros de IBI que, alegan, DCN debería haber pagado al Ayuntamiento de Madrid por su condición de adjudicataria.

Y agregan otros elementos que podrían causar mayores perjuicios a las administraciones públicas y que no existían en el convenio de 1993: la inversión de la carga de los riesgos y sobrecostes, que ya no asumiría DCN; la concesión a la promotora de permisos de reventa de los terrenos y la ampliación de 5 a 20 años del plazo de pago concedido a esta.

«¿Cómo se puede explicar que, a lo largo de los últimos 25 años, se haya triplicado el terreno vendido por parte de Renfe y luego Adif y se haya cambiado varias de las cláusulas clave, la mayoría a favor de la empresa adjudicataria?», preguntan Podemos e IU.

Las formaciones también censuran que dos directores generales de Renfe, Juan Antonio Villaronte y Ramón Escribano , formaron parte del consejo de administración de DCN.

El resto de denunciados son una exconcejala de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid (Concepción Dancausa), cuatro presidentes y dos directores generales de Renfe , cinco presidentes de Adif, un presidente del Canal de Isabel II, el expresidente del BBVA Francisco González y dos presidentes de Duch/DCN.