Anticorrupción vincula a Mossack Fonseca con 11 casos judiciales abiertos

Una de las razones esgrimidas por Anticorrupción es que los hechos pueden guardar conexión procesal, aunque hay más motivos. Los procedimientos judiciales en marcha relacionados con clientes del despacho panameño son elocuentes y van desde dos de las piezas separadas de la trama Gürtel , que investiga el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional, hasta el caso Rato, la trama Púnica de Granados y Marjaliza o la famosa lista del banco HSBC, la conocida como «lista Falciani» para cuya investigación se tuvo que crear una aplicación informática especial.

En la lista de Anticorrupción aparecen casos que se remontan a 2006 y que ya han sido juzgados como Pretus, en el que el expresidente de Burberry España pagó 31 millones para eludir la prisión el año pasado y las actividades delictivas del bufete Petrus quedaron en evidencia, u otros a punto de ser juzgados como Pretoria, la trama de corrupción urbanística que estalló de lleno a CiU y a los miembros de la guardia pretoriana de Jordi Pujol: Macia Alavedra y Prenafeta ( ver lista completa ).

Las dos macrocausas abiertas contra la familia Pujol en los Juzgados de Santiago Pedraz y José de la Mata, respectivamente, que aún no se han unificado, aparecen también en la cuestión competencial.

Los procedimientos vinculados a Beatriz García Paesa, sobrina del exagente Paesa, el caso Carceller del Juzgado Central 5 o el caso de la mutua Fortia Vida, investigada por presuntos pagos al PSOE de comisiones a cambio de jubilaciones de los ERE, completan este listado inicial aportado como base por el ministerio público para solicitar la competencia.

En los once casos mencionados está asignado uno o varios miembros de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y nueve de ellos están judicializados en la Audiencia Nacional. Solo el del ático de Ignacio González y el llamado caso Rato son investigados por sendos juzgados de Instrucción, uno en Estepona y otro en Madrid. Precisamente, en las pesquisas que afectan al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González tras numerosos avatares una de las acusaciones acaba de pedir que se interrogue a los responsables del despacho panameño.

Anticorrupción persigue dos objetivos al pedir la competencia, derivada de su experiencia previa en casos de enorme calado como el caso Liechtenstein o el del banco HSBC. El primer objetivo es acceder al análisis de los «Papeles de Panamá» -más de 11,5 millones de documentos en los que hay datos de más de 200.000 sociedades «offshore»- para poder determinar si hay evidencias suficientes de delito. El segundo, tratar de actuar contra los responsables del bufete Mossack Fonseca por blanqueo de capitales al colaborar para ocultar dinero procedente de delitos cometidos en España o sobre los que la jurisdicción española sea competente.

Es en este punto donde parece clave el papel de los fiscales asignados en cada caso ya judicializado, puesto que se tendría que demostrar que se han cometido delitos previos y que el dinero obtenido se ha ocultado gracias a la colaboración del despacho panameño. En los procedimientos ya juzgados como el del bufete catalán ese trabajo anterior ya se ha llevado a cabo. No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional que abrió diligencias a principios de mes encargó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía un informe para seguir el rastro de Mossack Fonseca en sus pesquisas abiertas e hizo otro tanto con respecto a la Agencia Tributaria. Los resultados de estas indaganciones aún no se conocen.

Según los datos del Consorcio de Periodistas al menos 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española aparecen en los documentos del despacho panameño. Pero es que además muchas de esas compañías «offshore» con sellos español fueron regularizadas gracias a la amnistía fiscal del ministro Montoro en marzo de 2012.

Los clientes españoles del bufete buscaban, según todos los indicios, ocultar sus fondos con fines defraudatorios , blanquear capitales y, dados los casos con los que ya se han establecido vínculos es evidente que también hay un componente fundamental de corrupción política con los ejemplos de Púnica, Gürtel o el caso del ático de González. Mossack Fonseca es el gestor de la sociedad Waldorf Overseas, que compró la vivienda en Marbella y se la alquiló al expresidente antes de vendérsela, según las investigaciones.

La Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado es la encargada de los delitos de corrupción, como su nombre indica, contra la Hacienda pública, blanqueo y todos aquellos movimientos económicos o patrimoniales relacionados con el crimen organizado o con el aprovechamiento económico de los delitos. Además de esta atribución de competencias es clara la experiencia acumulada por sus funcionarios en los últimos años, que será imprescindible de cara al tratamiento de la magnitud de datos contenidos en los «Papeles de Panamá».

Este argumento también ha sido aportado bajo la premisa de que esta Fiscalía especial se ha convertido en «pionera» en Europa en admitir pruebas entregadas por personas que acceden a la información (elementos acreditativos de delito) por su trabajo, véase la famosa lista de Hervé Falciani, empleado del banco HSBC, que en el caso español ha derivado en 33 piezas separadas que investiga el juez De la Mata. Esta forma de trabajo comenzó con el llamado caso Liechtenstein en 2007 sobre titulares de fondos gestionados por una entidad del principado que acabó con una denuncia contra 104 defraudores españoles.