Así operaba la trama Gürtel, un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional»

Pero además, según la Sala, se creó «en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local». Lo consiguieron gracias a su «estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido» (también condenados) que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos «que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas».

La sentencia relata cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas , con el apoyo de los cargos públicos condenados, «gozaban de un arbitrario trato de favor» en la contratación pública. Inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas , con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público, «o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos corruptos. El dinero se recibía en metálico, pero también en especie: en forma de eventos, viajes, fiestas o celebraciones de las que se beneficiaron también sus familiares.

Otras cantidades detraídas, según los jueces, sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada «caja B» del partido, consistente «en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas. En ellas se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes de esta formación, si bien estos últimos aspectos que se describen, señala el tribunal, lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento». La «caja B» del PP es objeto de otro procedimiento.

Por los hechos juzgados en esta pieza, Francisco Correa percibió 8.400.000 euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008. Para la Sala, estos contratos generaron «un importante perjuicio a las entidades públicas», pues el precio del servicio prestado «era mayor que el normal de mercado, por el superior margen de beneficio de las empresas de Correa y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones». Además, Correa ingresó 2.850.000 euros en concepto de comisiones por intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo.