María José Segarra, nueva fiscal general del Estado: «No podemos hablar de presos políticos»

La todavía fiscal jefe de Sevilla, que sustituirá a Julián Sánchez Melgar, ha aludido al desafío secesionista, el mayor reto que afrontará desde su mandato, durante el que previsiblemente se celebrará el juicio por la causa por rebelión en el Tribunal Supremo.

« En la España del siglo XXI nadie es perseguido por sus ideas », ha asegurado Segarra, que ha aprovechado para lanzar un mensaje de apoyo a los fiscales destinados a Cataluña, a quienes defenderá con firmeza. «La ley nos vincula a todos, sin ley no hay democracia», ha advertido, sobre el proceso de ruptura secesionista, una cuestión que ha protagonizado su primera declaración pública.

Cuestionada por los grupos nacionalistas, la fiscal ha recordado que el referéndum del 1 de octubre era un acto ilegal, prohibido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En ese contexto ha enmarcado la actuación de las Fuerzas de Seguridad para tratar de impedir la votación. Eso no impide que la proporcinalidad de la fuerza empleada en el 1-O sea cuestión de algunas investigaciones en juzgados de Cataluña, ha explicado.

También ha enfatizado que no existe «una posición genérica de la Fiscalía sobre Cataluña», sino una actuación concreta para cada hecho concreto, regido siempre por el principio de legalidad. «No hay ninguna predisposición hacia nada», ha alegado, salvo la defensa de la ley, ha señalado Segarra, que ha asegurado que no puede anticipar por qué delitos acusará la Fiscalía en la causa del «procés», hasta que llegue el momento procesal oportuno.

La comparecencia de Segarra en el Congreso, un trámite en el que se somete a las cuestiones de los grupos parlamentarios, es un paso previo al nombramiento como fiscal general del Estado, para lo que ha sido propuesta por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. La idoneidad de Segarra ya ha sido avalada por el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de de gobierno de los jueces.

La que será máxima dirigente del Ministerio Público, que ha formado parte «con orgullo» de la asociación progresista de fiscales, ha reivindicado la autonomía del cuerpo de fiscales, encargados de defender el interés público. « Al fiscal general no se le pueden dar órdenes de ningún tipo », ha dejado claro Segarra, que ha insistido en que «jamás» abdicará de esa autonomía. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, formó parte del mismo colectivo fiscal, la Unión Progresista de Fiscales, una coincidencia que no afectará según Segarra a su «independencia de criterio», ha insistido.

En su alegato, la futura fiscal general ha anunciado su intención de impulsar la derogación de la ley que limita los plazos de las investigaciones penales. «Es necesario un consenso hacia un nuevo modelo de proceso penal», ha explicado Segarra, que ha añadido que el marco de juego de la investigación no debe dar lugar a espacios de impunidad. «No comparto que se haga defender exclusivamente en los fiscales la tarea de controlar la duración de un procedimiento», ha expesado, sobre la reforma que aprobó el PP.

Al abordar otros retos, Segarra ha reiterado el compromiso del Ministerio Fiscal en la lucha contra la violencia de género , y el terrorismo, y ha anunciado «un enfoque de género» a su cargo, buscando fórmulas que permitan mejorar la representación de las mujeres en los altos cargos del cuerpo de fiscales, a través de un plan de igualdad. También ha defendido el necesario principio de jerarquía que rige en la acusación pública y ha pedido «desdramatizar» el disentimiento interno de los propios fiscales.

La actual fiscal jefe de Sevilla ha defendido la labor de la Fiscalía en el caso de la Manada y ha insistido en que la tutela de las víctimas está garantizada por la acusación pública. Ha acogido con agrado las «medidas de apoyo» para proteger a las víctimas, pero ha reiterado la valía de los fiscales en esta labor de defensa, en alusión a la propuesta del Ejecutivo de que el Estado se persone en estos casos.

Con un tono sobrio y sereno, la futura fiscal general del Estado también ha anunciado que buscará unificar el criterio en los delitos de odio y delimitar el marco de la libertad de expresión, en alusión a los delitos de enaltecimiento cometidos desde las redes sociales.