Segarra se perfila como fiscal general aunque el Gobierno todavía no lo da por cerrado

Según informaron a ABC fuentes próximas al Ejecutivo la propuesta de nombramiento todavía no estaba cerrada en la tarde de ayer, de forma que con la candidatura de Segarra competía también la del fiscal de Sala del Tribunal Supremo Pedro Crespo . Sin embargo, en fuentes jurídicas, especialmente en el entorno de la Unión Progresista de Fiscales, asociación a la que ambos pertenecen, ya hace días que se da por hecho que Segarra será la elegida . En cualquier caso, y aunque la ministra quiere guardar con sigilo el nombre del elegido -tanto que ayer ni el fiscal general saliente sabía quién iba a ser su sustituto-, todo apunta a que se hará oficial antes de ese Consejo de Ministros.

Segarra, a quien avala una dilatada trayectoria profesional, pertenece desde el pasado marzo al Consejo Fiscal , cargo al que accedió con 854 votos en unas elecciones en las que fue la cuarta más votada. De hecho, logró más apoyos que la propia ministra, que sacó 700. Antes de ser fiscal-jefe estaba especializada en menores, es muy conocida entre sus compañeros fuera de Sevilla, ya que además participó activamente en la campaña que los aspirantes al citado consejo hicieron para las elecciones. De ahí surgió una estrecha relación con Delgado.

Segarra, casada con un juez, es además una feminista reconocida y desde su cargo siempre ha potenciado la lucha contra la violencia de género con fiscalías especializadas en esta materia. En Sevilla los fiscales que han trabajado con ella destacan su gran capacidad y su talante afable. «Todo el mundo, conservadores y progresistas , la valoran», asegura un fiscal conservador.

Durante su trayectoria ha tenido que enfrentarse a complicadas investigaciones como el caso Marta del Castillo, el error del Caso Mari Luiz o sumarios de corrupción como Mercasevilla o los ERE, donde también tuvo serias discrepancias con la juez Mercedes Alaya .

De igual forma, en Madrid fuentes próximas a la Fiscalía General del Estado la tildan de persona «seria», conciliadora, dialogante y con capacidad para organizar equipos. Jurídicamente, además, es una profesional «sólida» y «con criterio», dicen.

Sus últimas apariciones públicas tuvieron lugar hace sólo unas semanas durante la huelga de jueces y fiscales, unas movilizaciones contra el exministro de Justicia Rafael Catalá , en las que Segarra se puso detrás de la pancarta para denunciar la «precarización» de la carrera judicial, insistir en la necesidad de mejorar las retribuciones y pedir más independencia, una reivindicación en la que ayer mismo insistía la Asociación de Fiscales.

Por su parte, el otro candidato en liza, Pedro Crespo, además de tener una dilatada experiencia profesional y una «solvencia e inteligencia» reconocidas por fiscales de distintas sensibilidades, tiene a su favor que conoce el funcionamiento de la Fiscalía General, cuya Secretaría Técnica dirigió, y que es uno de los «padres» de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal , con la que se quiere dar al fiscal la instrucción de las causas penales. La carrera de Crespo ha estado a la sombra del que fuera fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Se trata de un «indiscutido líder intelectual de la izquierda» en la Fiscalía, según reconocen fuentes próximas al órgano.

El nombramiento del fiscal general es una pieza fundamental en el engranaje judicial, pues su perfil marca una línea de actuación que en ocasiones trasciende lo jurídico para convertirse en un asunto de Estado, como ha sucedido con Cataluña.

Aunque la causa abierta contra los dirigentes independentistas por rebelión está muy avanzada, el Ministerio Público podría ahora suavizar las peticiones de pena si en su escrito de acusación rebaja, por ejemplo, el delito de rebelión. No obstante, el hecho de que haya una acusación popular personada en este procedimiento (Vox) garantiza que llegado el momento el tribunal podría condenar por la mayor de las penas solicitadas.

Una vez propuesto el nombre del fiscal general en el Consejo de Ministros, el siguiente paso es que el Consejo General del Poder Judicial emita un informe de ideoneidad para el cargo y el elegido comparezca en la comisión de Justicia del Congreso, aunque el nombramiento no llega a votarse en ningún momento.