Morodo utilizó a su secretaria para «enmascarar» un contrato con PDVSA siendo embajador, según la UDEF

El informe, al que tuvo acceso ABC, es fruto del análisis de la documentación intervenida en el registro de las dependencias de Alejo Modoro, hijo del exembajador y que al igual que su padre, su madre y su esposa y varios socios están siendo investigados por contratos presuntamente falsos de consultoría que habrían conseguido a golpe de influencias y por los que habría facturado más de 4,5 millones de euros a la petrolera estatal venezolana, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía Anticorrupción. Entre los ocho investigados que en total tiene la causa, se habrían movido fondos por importe de 35 millones sólo entre 2010 y 2018.

Uno de esos contratos es el suscrito entre Interven Venezuela, filial de la petrolera estatal PDVSA, e Intercartera Desarrollo en el año 2006. Se considera el inicio de las relaciones comerciales de Alejo Morodo con las empresas públicas venezolanas, que se prolongaron hasta al menos 2014 y para la UDEF, se hizo enmascarando su papel real y la implicación de su padre para que no saltasen las alarmas en la adjudicación.

En concreto, el análisis explica que Intercartera había sido constituida un año antes de la firma por la secretaria personal de Raúl Morodo, Dolores Muñoz; su marido, Luis Rivas; y la nuera del que todavía era en aquellas fechas embajador de España en Caracas, Ana Catarina Varandas. Ella, de hecho, había transferido las participaciones a la secretaria quien, después, se las vendería a su hermano Guillermo.

Cuando en septiembre de 2006 se suscribió el contrato con la filial de PDVSA, los firmantes fueron el marido y el hermano de la secretaria. El objetivo, la «prestación de servicios profesionales de asesoría legal para el establecimiento de una Sociedad Limitada cuyo socio único será la empresa venezolana PDV Euro-Asia S.A en la ciudad de Madrid».

El precio, 240 euros la hora de asesoramiento y el equipo de trabajo, unipersonal: «la asesoría será prestada directamente por el letrado Alejo Morodo , único responsable de cumplir con el objetivo de este contrato». «Estas fechas coinciden en el tiempo con el desempeño del cargo de Embajador de España en Venezuela de su padre Raúl Morodo», destacan los investigadores.

Para la UDEF, «es llamativo que seis meses después del traspaso de participaciones por parte de Ana Catarina Varandas y un año y medio después de su creación, Intercartera Desarrollo firme un contrato con Interven Venezuela para su asesoría y consultoría legal, para la creación en España de una estructura societaria vinculada a PDVSA y que sea explícitamente Alejo Morodo Cañeque la persona que se nombra en exclusiva para dar ese servicio en la misma».

«Esta maniobra podría interpretarse como una manera de enmascarar la relación directa del investigado, por su condición de Embajador de España en Venezuela, en la participación de negocios obtenidos fruto de las relaciones con las autoridades de dicho país, obteniendo beneficios incompatibles con su cargo público, lo cual haría saltar los mecanismos de alerta en la contratación de la empresa pública venezolana así como con autoridades Españolas«, señala el informe.

Los investigadores trasladan al juez que «parece del todo irreal la prestación de servicios de consultoría por una empresa que había sido creada el 22/02/2005, y con la participación de Ana Catarina Varandas y de personas sin relación con los servicios de consultoría que se pretenden, supliendo estas funciones la contratación en exclusividad de Alejo Morodo».

Es decir: «Se evidencia que se ha utilizado distintas personas del entorno de la Secretaria personal de Raúl Morodo como testaferros a fin de que no se pueda relacionar la empresa Intercartera Desarrollo con los investigados directamente».

No obstante, además de Intercartera Desarrollo en la causa se investigan otras dos empresas «controladas por los investigados», la panameña Furnival Barristers y la española Aequitas Abogados , que percibieron, como resume la UDEF «grandes cantidades económicas, siendo su justificación la asesoría legal y profesional, produciéndose indistintamente con las mismas sociedades en coincidentes periodos facturados, aumentando con ello su beneficio».

Se les suma Morodo Abogados y Asociados, que al igual que Furnival y Aequitas, tienen intereses comerciales en Portugal, donde Raúl Morodo también asumió la Embajada de España entre 1995 y 1999 y «fruto del alto conocimiento» que por ello, tenía de sus autoridades. De hecho, de la documentación intervenida en el registro se desprende que Alejo Morodo «participa como interlocutor de empresas portuguesas en Venezuela».

La UDEF destaca su participación en los contratos de las compañías Zon Multimedia Servicios de Telecomunicaciones y Cofaco Agores. «Para la primera, Alejo Morodo cuenta con la colaboración de René Arreaza en las negociaciones con el gobierno venezolano y sus autoridades», destacan los investigadores. Se trata del que fue coordinador de la vicepresidencia del país que ostentaba en 2004 José Vicente Rangel, a su vez,«amigo personal» de Raúl Morodo, de acuerdo al informe.

Arreaza, a la luz de la documentación intervenida, «participa en las negociaciones y en los contactos iniciados por Alejo Morodo en Venezuela, para la implantación de dichas sociedades extranjeras y de otras en el país suramericano» y de hecho, iban a medias en el contrato de Zon Multimedia: el hijo del embajador traspasó el 50% de los percibido por sus gestiones (30.000 euros en dos transferencias) a la empresa del alto cargo chavista con sede en Miami.