El «monopolio» de Correa
El magistrado apunta a que gracias a la intermediación de los tres aforados de Madrid —diputados populares en la Asamblea— Francisco Correa, el «cerebro» de la supuesta trama, habría acaparado la concesión de adjudicaciones en varias localidades de la región
El círculo de influencia del «cerebro» de la trama de corrupción investigada por el juez Garzón se extendía a la Comunidad de Madrid, donde el conglomerado empresarial dirrigido por Francisco Correa llegó a gozar en la contratación de determinados eventos «de una situación próxima al ... monopolio». Así lo asegura el magistrado de la Audiencia Nacional en uno de los tres autos dictados ayer, en concreto en el que acordó ceder parte de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante la existencia de indicios de criminalidad contra tres aforados, todos ellos diputados autonómicos del Partido Popular: Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor. En otra resolución, Garzón decidió imputar a los alcaldes populares de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda, respectivamente.
Según el magistrado, Correa «diseñó una estrategia de captación de negocio urbanístico» que consistía en buscar empresas que reunieran los requisitos estipulados en las adjudicaciones para, una vez que resultaran beneficiadas, «acordar una comisión a repartir entre los participantes, incluidos los responsables políticos y él mismo». «Para conseguir este objetivo, el concurso se diseñaba a medida», asegura el juez.
Siguiendo esta estrategia se habría adjudicado una parcela de terreno en Boadilla del Monte a la empresa UFC, de la que es administrador el imputado José Luis Ulibarri; también habrían seguido ese guión las actuaciones de Constructora Hispánica en Pozuelo y Boadilla, las de Teconsa en la Comunidad de Castilla y León, o las de Martinsa en Arganda del Rey.
Intermediación
La implicación de los tres aforados consistió en su intermediación para beneficiar a las sociedades del entramado de Correa. Y todo ello a cambio de dinero cuyas entregas se recogen «en la contabilidad B» de la red empresarial.
López Viejo era, según el juez, «la persona que daba las instrucciones» para ocultar las irregularidades en la facturación. Entre las estrategias empleadas para «disimular ese favorecimiento estaría la de no facturar por cantidades superiores a 12.000 euros para que la concesión del evento no saliera a concurso público».
A cambio, el diputado autonómico habría recibido de la «caja B» de Correa cantidades que ascienden a 563.000 euros; Bosch, pagos por un total de 250.562 euros; y Martín Vasco 437.166 (a los que habría que sumar otros 30.000).
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