De Miguel, el mayor caso de corrupción jamás instruido en el País Vasco

Se trata del mismo argumento que utilizaron este lunes, durante la primera sesión de cuestiones previas, otros implicados del PNV como Koldo Ochandiano y Aitor Tellería , que según el Ministerio Público también se sirvieron de la influencia de sus cargos para lucrarse. Sus respectivos abogados alegaron que la Policía autonómica extrajo información de forma «indiscriminada» e «ilegal», razón por la cual exigieron la nulidad de las pruebas. Entre ellas se encuentra la grabación que entregó a la Ertzaintza la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi, la primera denunciante de la trama, que en 2009 aseguró que tanto De Miguel como Tellería la presionaron para pagar una comisión de 100.000 euros tras adjudicar a la empresa de la que era administradora la ampliación del Parque Tecnológico de Álava, situado en Miñano.

Sin embargo, el abogado de De Miguel y de la esposa de este, Gonzalo Susaeta, aseveró ayer que existen indicios de manipulación en unas grabaciones que, además, pasaron por las manos de varios agentes. En la misma línea, destacó que se cometieron errores con el número de serie y el modelo de la máquina con la que se realizaron: «Es imposible saber qué grabadora y con qué contenido se entregó a la Fiscalía», afirmó el letrado, que definió la actuación de la Ertzaintza como un «auténtico despropósito».

De Miguel fue uno de los últimos implicados en presentarse este lunes en el Palacio de Justicia de Vitoria, donde se reencontró con algunos de sus excompañeros de partido, como el propio Tellería. Entre los acusados se encontraban también pesos pesados de la etapa como lendakari de Juan José Ibarretxe , como el que fuera viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno vasco Gurutz Larrañaga, así como el expresidente de la Red autonómica de Parques Tecnológicos Julián Sánchez Alegría y la exalcaldesa del municipio de Zambrana María Justina Angulo. Según la Fiscalía, todos ellos formaban parte de una red ilegal cuyo único propósito era el de su enriquecimiento personal y el de terceros, por lo que pide penas que oscilan entre los siete y los 55 años de cárcel.

También están implicados altos cargos vinculados al sector más nacionalista del PNV que, supuestamente, secundaron a De Miguel en el tejido de una red ilegal de sociedades mercantiles que colocaron a nombre de terceros. Es el caso, entre otros, de Kataia Consulting, compañía con domicilio social en una firma gastronómica de Vitoria desde la que supuestamente se cobraron comisiones del 4%. El juicio, que se celebra ocho años después de que estallara el caso debido a la sucesión de retrasos, generó mucha incomodidad en el seno del PNV, que exigió de inmediato la entrega del carnet de afiliados a De Miguel y al resto de implicados.

De hecho, la formación nacionalista quiso distanciarse desde el primer momento de la trama, algo en lo que incidió ayer su portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, que afirmó que la postura del partido queda «fuera de toda duda» y que no tiene «nada que ver» con la red, que a su juicio solo afecta a particulares.