Meritxell Batet pierde el pulso contra el juez Marchena e inhabilita a Alberto Rodríguez

Según comunicaron fuentes de la Presidencia a media tarde, la dirigente socialista transmitió «personalmente» su decisión al parlamentario morado y también envió comunicación a la Junta Electoral Central para que proceda con el correspondiente trámite de sustitución. El escaño de Rodríguez será ocupado ahora por el siguiente diputado en la lista morada. Batet también dio traslado de su resolución al Tribunal Supremo, pero antes de llegar a esta conclusión, pasó cinco largas horas sopesando -y asumiendo- su respuesta. Pero encajando también las presiones de Unidas Podemos. A primera de la mañana había respondido al Alto Tribunal pidiéndole una aclaración de la condena y del «modo de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia y, en concreto, sobre si debe procederse, como medida de cumplimiento, a declarar la pérdida de la condición de diputado del Sr. Rodríguez».

Batet contaba con tener cierto margen temporal pero el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, le dejó sin opciones al contestarle prácticamente de vuelta. El malestar en el Alto Tribunal es evidente desde que la presidenta del Congreso decidió someter la ejecución de la condena a una votación de la Mesa, órgano que controlan PSOE y Unidas Podemos, en lugar de remitir la sentencia a la Junta Electoral Central para que procediera a su ejecución, como era el protocolo seguido hasta ahora. En esa votación se impuso la mayoría de los socios del Gobierno y se acordó mantener a Rodríguez en el escaño en contra de lo que establecía la sentencia.

En su oficio de ayer, Marchena no solo advirtió a Batet de que no cabía aclaración porque la condena estaba clara en el fallo y era «obligada» sino que no tenía por qué ejercer de asesor del Congreso. «Como V.E. conoce, la Ley 6/1985, 1 de julio, del Poder Judicial, no incluye entre las funciones del Tribunal Supremo la de asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme», replicó Marchena, asestando un fuerte varapalo a la presidenta de la Cámara .

A partir de aquí, subrayaba que la vigencia de la pena accesoria, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio, se mantiene tras el pago de la sanción que sustituyó a la pena principal -la cárcel- al tratarse de una pena «obligada» según el Código Penal. «Así lo exige este precepto cuando se imponga una pena privativa de libertad, como ha sucedido en el presente caso», recordó Marchena, dejando nuevamente a Batet en evidencia.

El máximo responsable penal del Supremo añadió, además, que todo esto ya quedó claro tanto en la sentencia que condenó a Alberto Rodríguez como en el rechazo del Alto Tribunal a aclararla tras solicitarlo la defensa del diputado morado. «La cuestión se resuelve expresamente en la sentencia cuya aclaración se solicita, de forma que resulta perfectamente inteligible y que se da aquí por reiterada», contestó el Supremo a Alberto Rodríguez. «La parte dispositiva de nuestra resolución apuntaba lo siguiente ‘no procede la aclaración de la sentencia’», recordó Marchena a Batet.

Podemos mantenía la presión. «Dada la gravedad del caso exigimos que no haya ninguna respuesta institucional antes de que la Mesa se reúna el próximo martes», reclamaba el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, intentando así que cualquier decisión volviera a pasar por ellos y no fuera adoptada en solitario por Batet.

Pero la presidenta del Congreso no podía seguir atrincherándose sin incurrir ya en desobediencia dado que la responsabilidad de la ejecución de la sentencia era exclusivamente suya. Y esperar a una nueva reunión de la Mesa solo habría tensionado más las relaciones con su socio.

Así fue como aceptó un final que ya desde el jueves anticipaban fuentes socialistas, ante el primer oficio remitido el miércoles por el Supremo. Aquel día el Alto Tribunal preguntó a Batet por la fecha de inicio del cómputo de la condena de Alberto Rodríguez, tras enterarse por los medios de comunicación de que la presidenta había decidido mantenerle en el escaño . Ya tras estudiar ese oficio del miércoles, el responsable del servicio jurídico del Congreso, Carlos Gutiérrez Vicén , modificó su criterio del martes y advirtió el jueves a Batet que debía ejecutar la sentencia. Aún así, ella decidió seguir dilatando el cumplimiento de la condena y pedir al Supremo que le aclarara los términos de la misma.

El saldo de esta batalla entre el Congreso y el Alto Tribunal es muy negativa para Batet , contra la que el Tribunal Constitucional acaba de fallar al declarar el inconstitucional el cierre del Congreso durante el primer mes del estado de alarma, sino para la propia imagen de la Constitución. Varios letrados de la Cámara se quejaban ayer a este periódico del desprestigio que acarreaba haber entrado en una batalla que trasladaba la idea de que los diputados no se consideran obligados a cumplir la Ley y que los políticos se ayudan entre sí para sortear condenas judiciales. «Nunca se debió entrar en esto, ha sido insólito. La imagen que debe trasladar la Cámara es la de ejemplaridad », lamentaba un jurídico de las Cortes, denunciando también el daño que ha sufrido la imagen del cuerpo de letrados. «Se ha hablado de que el informe jurídico en el que se apoyaron PSOE y Unidas Podemos lo habían hecho ‘los letrados del Congreso’, pero lo hizo el secretario general de la Cámara con su equipo. Ni participó todo el cuerpo ni todos estábamos de acuerdo» argumentaba.

Ese escrito fue uno de los ejes de la polémica . Tanto el PP como Vox denunciaron que no incluía firma ni membrete del servicio que lo respaldaba. Tampoco lo había solicitado la Mesa y cuando los grupos preguntaron a Batet quién lo había pedido, la dirigente socialista no lo reveló. Ahora queda como precedente de lo que la Cámara no debe argumentar.