Al menos 8 provincias acogen a inmigrantes llegados a Canarias, 313 solo en Valencia

De las ocho provincias a las que han llegado inmigrantes irregulares desde Canarias –Valencia, Alicante, Zaragoza, Barcelona, Granada, Sevilla, Málaga y Huelva– a Valencia llegaron 313, 100 a Alicante y 42 a Huelva. Del resto de destinos no hay datos, pero otras fuentes policiales estiman que el número supera ampliamente el millar.

El Ministerio del Interior, según ha podido saber ABC, ha autorizado desde enero un total de 2.200 reubicaciones en la Península . Sin embargo, eso no quiere decir que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con alguna ONG de por medio, haya actuado por su cuenta. Lo que nadie explica es quién ha pagado esos viajes, aunque fuentes oficiales sugieren que esas mismas personas que llegaron en patera han podido hacerse con dinero suficiente para pagar el billete de avión, algunos tras recibir dinero desde Marruecos.

De forma oficial, el Gobierno insiste en que no organiza traslados de migrantes desde Canarias, ni tiene constancia de que se hayan producido esos desplazamientos sin autorización y sin haber pasado una prueba PCR. Esto último, como ya se ha señalado, parece difícil, ya que ese test es obligatorio cuando los inmigrantes irregulares llegan las costas españolas.

Que el Ejecutivo admita que se hacen traslados masivos a la Península desde Canarias es extremadamente delicado -algunas fuentes aseguran incluso que tendría un efecto demoledor- ya que sería el mayor efecto llamada imaginable, y ya ha habido algunas decisiones en el pasado que han tenido esas consecuencias. «Para los inmigrantes irregulares, la mayoría magrebíes, Canarias es solo una etapa más de su viaje; lo que ellos buscan, mayoritariamente, es llegar a Francia, bien porque tienen familiares o conocidos allí o porque alguien les ha inculcado la idea de que en ese país tienen mucho más fácil encontrar trabajo», explican otras fuentes.

Además, reconocer esos traslados masivos a la Península provocaría problemas con ese país, que también tiene serios problemas con la presión migratoria y que pide a España no ser un coladero de «sin papeles» que acaban llegando a su territorio .

Ni siquiera en el seno del Gobierno la gestión de la inmigración irregular es una materia pacífica . Se vio con la salida de unos 200 inmigrantes irregulares del muelle de Arguineguín sin destino , de la que nadie se ha hecho responsable en el Ejecutivo, y se confirma ahora cuando no se traslada un mensaje único y claro de qué es lo que está sucediendo, una responsabilidad que no es de un ministerio concreto, sino que afecta de lleno a Presidencia.

En cuanto al perfil de los que viajan a la Península, se trata mayoritariamente de magrebíes que han superado ya los 60 días en un centro de internamiento y cuyas expectativas de ser repatriados son prácticamente nulas. En esas circunstancias no hay más posibilidad que permitir su libre circulación, y los traslados a la Península se autorizan para disminuir la presión migratoria en el archipiélago.

Interior, mientras, intenta reforzar las devoluciones, en especial con Marruecos, Argelia y Mauritania, si bien en estos momentos la capacidad en esta materia es claramente inferior a la llegada de «sin papeles». El objetivo último, según las fuentes consultadas, es superar el millar de repatriaciones a la semana, pero en este momento está muy lejos.

La lucha contra la inmigración ilegal sigue sin ser una política de estado, consensuada al menos por los dos principales partidos, y prueba de ello es que ahora, como antes, es munición política. El PP, Ciudadanos y VOX han reclamado la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.