Maza menciona la sentencia del TS sobre el 23-F para recordar que puede haber delito de rebelión sin armas

Maza no ha dudado en calificar de «actos de violencia» la destrucción de tres vehículos de la Guardia Civil durante una operación el pasado 20 de septiembre contra el 1-O ; así como «los diferentes actos de intimidación y de escraches a la Policía y Guardia Civil en los lugares donde pretendían habitar» hasta la resistencia contra las autoridades registrada durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. «Son actos de violencia , no son actos de normalidad ni pacíficos como se ha querido vender», asegura el fiscal general quien muestra su alivio por que no haya habido derramamiento de sangre o armas.

En esta línea, ha advertido que «si hay armas, hay un tipo específico más castigado, lo cual indica que sin ellas se da la rebelión en su grado menor» y cita lo sentenciado por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre el 23-F , según la que para que haya rebelión no es preciso que sea cruenta como en los pronunciamientos militares del siglo XIX para forzar un cambio político.

Por este motivo, ha considerado relevante la «íntima» colaboración e indentificación de miembros de anterior gobierno catalán con asociaciones como ANC u Omnium . «Hay un dato, creo que determinante y revelador, y es que como se sabe a reuniones del Consejo del Govern, del gobierno catalán, asistían», apunta Maza quien matiza que desconoce si tenían o no voz y voto pero «asistían a las reuniones los propios responsables de estas dos asociaciones». Como ejemplo, recuerda que en la última reunión celebrada tras el referéndum ilegal del 1 de octubre estaban presentes los responsables de ANC y Omnium , ahora en prisión preventiva. «Es como si en el Consejo de Ministros español asistieran miembros y representantes de otras asociaciones privadas», sostiene el fiscal general quien ya cree que el proceso independentista está afectando a la economía española.

Sobre el delito de malversación de fondos públicos, Maza ha mostrado su convencimiento de que se ha incurrido en esta figura penal, y que sus consecuencias nos han afectado a todos los ciudadanos. Dentro de esta factura, el máximo responsable del Ministerio Fiscal ha mencionado a la prima de riesgo, el coste del desplazamiento de efectivos de la Policía y Guardia Civil a Cataluña. «Por eso tiene trascendencia la querella , ya que hace referencia también a que ha habido importantes costes económicos» , se defiende ante las críticas de nacionalistas y parte de la izquierda parlamentaria.

Preguntado por los periodistas del programa dirigido y presentado por Jenaro Castro sobre las últimas decisiones de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela , Maza no ha dado tanto peso al «riesgo de fuga» de los exconsejeros catalanes como a la denominada «reiteración delictiva» . En opinión del fiscal general del Estado, «si la juez hubiera acordado la libertad, volverían a Cataluña y seguirían en la comisión del delito o, al menos, eso es de presumir».

Para el máximo responsable de la Fiscalía, una muestra de lo anterior es que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras firmara un artículo en The New York Times como número dos de un hipotético gobierno republicano catalán. A su juicio, si les hubiera puesto en libertad e incurrido en alguno de los delitos mencionados el fin de las medidas cautelares de impedir que se siga lesionando la ley quedaría en entredicho. « Creo que la decisión de la juez es muy razonable» , así ha respaldado Maza a la magistrada de la Audiencia Nacional.

Maza también ha respondido a preguntas sobre la euroorden en el veterano programa de Televisión Española. A su juicio, concurren fundamentos más que suficientes para utilizar esta medida para la detención de Puigdemont aunque ha matizado que « tienen que pronunciarse primero los tribunales españoles y luego los belgas».

En este sentido, ha llamado la atención sobre las diferencias entre esta figura comunitaria y las tradicionales extradiciones, en las que las negociaciones se realizaban entre diferentes gobiernos: «La gran ventaja ahora es que es directamente un juez europeo quien se dirige a un juez nacional de otro país y, entre ellos, resuelven la cuestión», ha concluido el máximo responsable del Ministerio Fiscal.