La Fiscalía defiende la Constitución

Estas acciones legales emprendidas por la Fiscalía eran inaplazables. La Constitución ordena al Ministerio Fiscal que actúe conforme al principio de legalidad y eso es lo que ha hecho Maza. No obstante, hay que evitar el error de responsabilizar a jueces y fiscales con la carga de solventar el conflicto separatista sólo a través de los procesos penales. Incluso parece contradictorio que el Gobierno vea bien que Puig0demont repita como candidato en las elecciones del 21-D y, al mismo tiempo, se respalde al fiscal cuando plantea una querella que puede poner al expresidente de la Generalitat en prisión hasta veinticinco años. Y es cierto que sólo por ser investigado Puigdemont no pierde su derecho a ser candidato. Incluso aunque ingresara en prisión provisional, a la que está haciendo méritos por su viaje a Bélgica, que el fiscal quiere plantear, según ha pedido en sus querellas. Pero entre órganos del Estado que comparten la defensa de la legalidad conviene mantener coherencia en los discursos. La independencia de los jueces no garantiza a nadie de antemano el resultado final de estas acciones penales, pero lo importante es que el proceso separatista no genere espacios de impunidad a rebufo de una pretendida solución política. Nada hay más falso que tachar estas querellas como una judicialización de la política y nada hay más legítimamente político en democracia que aplicar la ley y hace rla respetar cuando es vulnerada.