Referéndum 1-O: el deseo de unos pocos contra voluntad de la mayoría

PP, PSOE, Ciudadanos, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias se manifestaron contra la moción que presentó su partido, el PDeCAT , que proponía instar al Gobierno a «respetar» la decisión de celebrar la consulta ilegal. Fueron, en total, 250 votos en contra del referéndum 1-O , que emitieron junto a duras críticas a la formación independentista por tratar de atropellar la democracia, ir contra la leyes vigentes y dividir a los catalanes.

La moción sólo contó con el apoyo del 26% de la Cámara: 92 votos . Los sumaron los diputados de PDeCAT, Unidos Podemos, ERC, PNV , Compromís y EH-Bildu. La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas , fue la única abstención a la iniciativa, aunque anteriormente había manifestado en sucesivas entrevistas que su partido «no iba a apoyar ningún proceso independentista ni secesionista». De hecho, en una entrevista en « Los Desayunos de TVE » en 2014, aseguró que España «no se podría permitir que una comunidad autónoma se independizara».

En junio del año pasado, PDeCAT pidió al Congreso respeto hacía el referéndum del 1 de octubre, como sí el 71% de los diputados —casi tres cuartas partes del máximo órgano de representación del pueblo español— no se hubieran mostrado contrarios a que este se celebre. El deseo de unos pocos tratando de imponerse a la voluntad de la mayoría. Y a pesar de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , ya declaró entonces —y sigue haciéndolo hoy al amparo de la Constitución— que este no podía tener lugar porque es «ilegal».

De acuerdo con el Articulo 1.2 del Titulo Preliminar de la Constitución española: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Eso quiere decir que la única forma legal de decidir sobre la soberanía de Cataluña es preguntándoles a todos los españoles. Y en ese caso, el Gobierno central ni siquiera podría convocar un referéndum como el del 1 de octubre, puesto que no puede realizar preguntas en contra de la propia Constitución. Plantear a todos los catalanes y españoles la posibilidad de si esta comunidad debe independizarse o no del conjunto de España sería jurídicamente imposible.

El conflicto fue debatido por las principales formaciones políticas las semanas previas a las últimas elecciones generales, celebradas el 26 de junio de 2016. El independentismo catalán fue, sin duda, uno de los puntos claves en torno al cual giró el debate de la campaña. Tanto PP, como PSOE y Ciudadanos, que suman en total 254 de los 350 escaños del Parlamento, recogían en sus programas una postura clara con respecto a la deriva secesionista.

«El Partido Popular garantiza y garantizará siempre que ni España ni la soberanía nacional van a ser troceadas», aseguraba en sus primeras páginas el partido liderado por Rajoy. Ciudadanos era incluso más explícito: «Nos opondremos a todo intento de convocar un referéndum separatista. La solución es reformar España, no romperla», rezaba su programa. El PSOE, por su parte, admitía que la relación entre Cataluña y el resto de España debía ser «revisada», pero la magistrada Margarita Robles , número dos de los socialistas madrileños, dejaba claro que la celebración del referéndum «no es posible» con el marco constitucional vigente.

Podemos es el único de los cuatro grandes partidos que apuesta por la celebración de un referéndum «con garantías», el cual permita a los catalanes decidir «el tipo de relación territorial que desean mantener con el resto de España». Así se podía leerse en sus propuestas electorales. Obtuvo 71 escaños, la gran mayoría de los 96 que a día de hoy están a favor de celebrar la consulta prevista para este domingo. CDC, la formación independentista de Puigdemont que se refundó después en la actual PDeCAT, solo cuenta con ocho escaños en el Congreso. Ocho de 350 .