Mas descarga su responsabilidad en Homs por la consulta del 9-N

Cuatro años después de aquella fecha, el Supremo celebró ayer la vista por el recurso presentado por los tres contra la sentencia de marzo de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que condenó por un delito de desobediencia al expresidente a dos años de inhabilitación. Para Rigau la condena fue de año y medio y para Ortega de año y nueve meses.

En contraste con el sacar pecho político para asumir la autoría y responsabilidad de la jornada, ayer el abogado de Mas volvió a plantear la misma estrategia de defensa técnica, formalista, para pedir la absolución de su cliente. No solo eso, el letrado Javier Melero quiso distinguir entre el proceder de Mas y el de quien fuera consejero de Presidencia, Francesc Homs , condenado a 13 meses de inhabilitación por los mismos hechos por el TS -dada su condición de diputado en el Congreso cuando fue juzgado-. El caso de Mas «no es el mismo que el de Homs», dijo Melero, dado que el exconsejero hizo «actos ejecutivos» que demuestran que se implicó «de propia mano en el no acatamiento de la providencia del TC» en la que suspendía la consulta.

Frente al «alarde» de Mas -como definió el fiscal- de reclamarse responsabe en 2014 de la consulta, su abogado trazó prácticamente el retrato de un hombre que no lo veía claro: «La duda del señor Mas en aquellos días iba acompañada de las dudas de toda una serie de operadores de la máxima cualificación jurídica en la comunidad autónoma de Cataluña».

Frente a quienes pensaban que en el juicio en el TSJC Mas haría un alegato político, usando el banco de los acusados como plataforma propagandística, se vieron defraudados. Ayer en el TS sucedió otro tanto, y como entonces los abogados centraron su defensa en intentar demostrar que la providencia del Tribunal Constitucional suspendiendo la consulta no llegó a los acusados y que tampoco la conocían. El fiscal Moreno rebatió el argumento por «formalista», recordando que la falta de notificación no exhime de la responsabilidad penal. «Fue un desafío a la legalidad», insistío el fiscal, para quien Mas sabía «perfectamente» lo que hacía o no dejaba de hacer. Fue una «desobediencia absoluta», concluyó.

Pese a la argumentación formalista con la que los acusados piden al TS que corrija la condena del TSJC, el contexto político no se quedó a las puertas. El letrado de Ortega quiso desvincular a su cliente del momento y actores actuales del «procés» soberanista, marcando distancias: se trata, dijo, de evitar la «tendencia bastante generalizada de meter en un mismo paquete todos los casos vinculados al nacionalismo catalán», distinguiendo «los diferentes momentos en que se producen, la actitud de los intervinientes, las circunstancias sociales y la concreta participación de cada uno de ellos».