Los líderes del «procés» planearon seguir con la actuación ilícita tras cesar el 155

Tras notificarles el auto de procesamiento -en el que el juez les atribuyó el grave delito de rebelión, castigado con hasta 25 años de prisión-, el magistrado celebró una vista para revisar su situación personal. El nuevo estado de la causa lo exigía, a ojos del juez Pablo Llarena, que consideró que el riesgo de fuga se había multiplicado. Los cinco citados - la expresidenta del Parlament Forcadell y cuatro exconsejeros con un rol clave en el «procés», entre ellos Turull, el último candidato a «president»- eran los únicos procesados por rebelión libres.

La primera muestra de ese miedo se confirmó por la mañana: Marta Rovira, la sexta investigada citada ayer para la vistilla de medidas cautelares, no acudió a la cita y se fugó a Suiza.

La huida de Rovira es valorada por el magistrado entre los motivos por los que aprecia el riesgo de fuga. Según Llarena, el cumplimiento de las citaciones judiciales de los cinco procesados solo se mantendrá «mientras su voluntad no cambie, tal como ya ha acontecido hoy (por ayer) con otra de las procesadas», en alusión a la líder de ERC, también acusada de rebelión.

Por eso, incluso aunque los procesados hayan acudido siempre a las llamadas del Supremo , el juez no se fía. Recuerda «su clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial», como ha demostrado la investigación de cinco meses contra el «procés», y su convencimiento de que estaban legitimados para enfrentarse a las instituciones y tribunales. «La tentación de fuga ante una pena de intenso gravament aumenta», resume el auto.

Para justificar su decisión, Llarena también valora el apoyo social e internacional del que gozan los líderes secesionistas, que puede darles soporte y facilitarles la huida en cualquier momento. «Este colectivo cuenta con estructuras asociativas organizadas, asesoramiento legal especializado, relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus asociados, así como un armazón internacional desarrollado en los últimos años para la defensa de sus planteamientos y, por tanto, en condiciones de prestar un soporte eficaz», alerta el juez.

La Fiscalía y la acusación popular de Vox habían solicitado la prisión preventiva, la medida cautelar más grave, una decisión que permite encarcelar a una persona que no ha sido juzgada ni condenada, para evitar que reitere o entorpezca la investigación.

Además del peligro de fuga, Llarena también busca evitar que Turull, Forcadell, Romeva, Bassa y Rull insistan en el enfrentamiento con el Estado para alcanzar la secesión y reiteren en el delito de rebelión. La renuncia al acta de diputados -un gesto que hicieron ayer Forcadell, Bassa y Rovira, en el último suspiro- no «despeja la posibilidad de que persista la determinación» de empujar hacia la independencia «sin respeto a las normas», ni excluye que puedan aportar su granito de arena al «procés» desde cualquier otro ámbito de la sociedad.

No se puede olvidar, explica el juez, que muchas otras personas han intervenido «desde múltiples facetas», en el concierto común de derribar el orden constitucional, y que están siendo investigadas por otros tribunales.

Llarena considera que los procesados tienen el designio de seguir adelante con el proceso ilegal, incluso ahora, cuando cese la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permitió al Gobierno de Mariano Rajoy tomar el control de la Generalitat ante el desafío permanente. «El designio al que se incorporaron desde un inicio preveía (Libro Blanco) continuar con la actuación ilícita tan pronto como se recuperaran las instituciones autonómicas que hubieran sido intervenidas», advierte el juez en la resolución. Es decir, los líderes secesionistas asumían que la autonomía catalana podía ser suspendida, pero el plan era claro desde el origen: volver a insistir en la vía ilegal, mediante «la voluntad popular y la voluntad institucional». Así lo prevía el Libro Blanco, el acuerdo presentado por Artur Mas en 2014, pistoletazo de salida del proceso ilegal, la semilla de lo que vino después.

En el auto, Llarena explica ya la ausencia de Turull y los demás encarcelados en el pleno de investidura previsto para hoy en el Parlament. El juez explica que la protección de los valores constitucionales, que podrían estar en riesgo con ellos en libertad, prevalecen ante los derechos políticos. A Jordi Sánchez , el anterior candidato a «president», nunca le otorgó un permiso para asistir al Parlament, por las mismas razones ahora recordadas.

Por la mañana, el juez anticipó su decisión de encarcelarles en el auto de procesamiento. En esta resolución, Llarena explicó que «se configura un grave riesgo de fuga» que se había multiplicado con el cierre de la investigación. Así lo señaló el juez tras confirmar el encarcelamiento preventivo de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que llevan ya meses en la cárcel. «Sin seguridad, pero con la firmeza que deriva de una instrucción culminada en lo esencial, se apunta un riesgo de ocultación derivado de la grave punición a la que se enfrentan». «La investigación ha reflejado el claro desprecio de los procesados al acatamiento de las decisiones de la autoridad judicial, las cuales se han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años», asegura.

Además, los procesados por rebelión «comparten propósito con los procesados presos» y no han dudado en dificultar el ejercicio de la jurisdicción española «buscando refugio en terceros países», alega el instructor.