La ley permite reclamar a los padres los destrozos de las juventudes de la CUP

El brote de violencia callejera en Barcelona -y que amenaza con expandirse por lo que los secesionistas llaman «Países Catalanes»-, con la excusa del turismo, uno de los principales motores económicos de Cataluña, pone en tensión la relación de Junts pel Sí (JpS), formada por PDECat y ERC, sobre todo, y la antisistema CUP, socios parlamentarios. Carles Puigdemont debe su presidencia a la CUP, que vetó a Artur Mas tras las elecciones de 2015.

El vínculo entre estos últimos sucesos y un clima de violencia civil en Cataluña en medio del proceso independentista es muy delgado. En este sentido, Ciudadanos y PP vienen advirtiendo desde hace un tiempo que tanto la CUP como su rama juvenil, Arran, son un problema para la convivencia cívica en Cataluña. José Manuel Villegas , secretario general de Cs, señaló ayer que los últimos ataques en Barcelona representan un paso más en la «fractura» de la sociedad catalana que, en su opinión, provocó el proceso independentista. Villegas lamentó la «violencia callejera» fomentada por la CUP, que «está lanzando a sus jóvenes» para realizar «acciones puntuales pero violentas».

En privado, en Cs se debate jurídicamente si no sería aplicable contra este grupo la legislación utilizada contra los grupos de la izquierda abertzale en el País Vasco.

Expertos penalistas consultados por ABC apuntan que la justicia podría pedir a los padres de los menores implicados en los disturbios que paguen con dinero los desperfectos causados. Esta opción, introducida por la Ley 5/2000 que regula la responsabilidad penal de los menores como una novedad «revolucionaria», ya se aplicó para perseguir los actos de kale borroka cometidos en el pasado por los cachorros de la banda ETA.

El artículo 61.3 de la Ley establece que los padres o tutores «responderán solidariamente con él (el menor) de los daños y perjuicios causados» por el autor de los hechos. El juez podrá moderar la responsabilidad de los padres, si éstos no hubieran favorecido la conducta del menor, ya sea con su intención o por su descuido.

La aplicación de los delitos de terrorismo, sugerida por algunos partidos políticos, tiene «un muy discutible» encaje en estos hechos, según el abogado penalista Eduardo Ruiz de Erenchun , quien aprecia otros posibles crímenes, como los desórdenes públicos. Ruiz de Erenchun reconoce que el delito de terrorismo es «un concepto en permanente evolución», definido por los fines perseguidos por los autores de las acciones y que ha dejado de estar ligado a la existencia de una organización terrorista. Aun así, el abogado alega que sería necesaria una dimensión mayor, quizá de alcance nacional, para apreciar una alteración de la paz pública. Coincide con el Julio Muerza , Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Navarra, quien explica que la justicia tiene suficientes vías ordinarias para actuar contra los supuestos responsables.

El delito de terrorismo, regulado en el artículo 573 del Código Penal, castiga todos aquellos atentados graves, siempre que se persiga alguno de los siguientes cuatro objetivos: «subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional, o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella».

En declaraciones para ABC, Alberto Villagrasa , diputado autonómico y responsable de los temas de Interior en el PP catalán, alerta de que «tanto la CUP como Arran se comportan como Jarrai en el País Vasco y son el ejemplo de la “kale borroka” catalana».

«No respetan a nadie ni saben lo que es la democracia. Todo lo basan en la demagogia parlamentaria y la violencia callejera», añade Villagrasa. Por su parte, Jaume Collboni (PSC), alcalde accidental de Barcelona, tras condenar el asalto al autobús y el ataque a las bicicletas turísticos, pidió «no alimentar la polémica» sobre los destrozos para no perjudicar al sector turístico, tachó estas acciones como un «brote puntual» e informó de que está en «contacto permanente» con los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana para evitar nuevos ataques. El grupo que ha reivindicado los últimos actos violentos en Barcelona -así como el asalto a un restaurante en Palma de Mallorca- es la organización radical Arran, vinculada a la CUP y considerada su rama juvenil. Esta formación cuenta con varios centenares de militantes -aunque algunas fuentes rebajan la cifra a unos 50 activistas, pero muy violentos- y su ideología se basa en tres aspectos: conseguir la independencia de los «Países Catalanes», instaurar un sistema socialista (eliminando el sistela liberal actual) e implantar el feminismo radical en todos los ámbitos (empezando por el lenguaje).

Esta organización nació en 2012, tras la fusión de varios grupúsculos minoritarios -como Maulets y la CAJEI- pero muy extremistas que compartían el doble objetivo de la «lucha nacional» catalana y la «lucha socialista».

Entre sus últimas acciones, cuyo modelo es la «kale borroka» del País Vasco, están el asalto a la sede del PP catalán -acción que vivieron en primera persona Anna Gabriel y David Fernàndez , aunque no participaron en ella-, las barricadas y el acoso a miembros de Societat Civil Catalana en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y pintadas amenazantes en las calles con las caras de Rajoy o el Rey Felipe y un disparo en la frente. Arran se expande por Cataluña, principalmente, pero también por la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, y su objetivo es llegar al sur de Francia (la zona llamada por los nacionalistas «Cataluña norte») y al este de Aragón (llamada «franja de poniente» en la concepción nacionalista). La organización tiene presencia en unos 60.

La CUP incomoda a PDECat, que más allá del objetivo final en pos de una Cataluña separada del resto de España, difiere en todos sus planteamientos políticos, ya sean de carácter socioeconómico, cultural, de gestión pública o de promoción de la iniciativa privada. Estas desavenencias se ponen de manifiesto cuando Arran «toma las calles» y la CUP no solo no condena la violencia de sus cachorros sino que la justifica.

Así ha pasado esta semana. Jordi Turull , portavoz de la Generalitat, condenó «sin matices» el ataque a un autobús turístico barcelonés reivindicado en un vídeo por Arran. Turull anunció que la Generalitat acudirá a los tribunales, confirmando las palabras de Santi Vila , consejero de Empresa y Conocimiento, que el domingo había adelantado que el gobierno autonómico emprendería acciones judiciales contra los asaltantes. Pero la CUP no es del mismo parecer y su presidenta en el Parlamento autonómico, Mireia Boya , calificó este ataque como algo «simbólico», a la par que acusaba a la Generalitat de generar violencia con sus políticas económicas. No importa, parece, que los presupuestos autonómicos hayan sido aprobados por la CUP, como pago al referéndum ilegal del próximo 1 de octubre. Poco después, otra vez Arran, mostró imágenes de miembros de este colectivo pinchando ruedas de bicicletas para turistas, tambiñen en Barcelona.

Aunque hoy, a menos de dos meses del 1-O , parece imposible que la unidad del secesionismo se resquebraje, la formación antisistema no sigue parámetros clásicos en política y vincular la reivindicación secesionista con la CUP, como ocurre desde la llegada de Puigdemont a la Generalitat, contradice lo que desde las filas de JpS se ha defendido siempre, que no es otra cosa que el movimiento independentista es «pacífico».