El Supremo pide ayuda a Justicia ante el colapso judicial y una plantilla mermada en un 14 por ciento

Entre otras medidas el Tribunal Supremo ha reiterado la necesidad de incrementar el número de letrados del Gabinete Técnico y ha planteado varias reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo del tribunal, que actualmente cuenta con una plantilla de magistrados un 14 por ciento inferior a la legalmente prevista, porcentaje que será del 20 por ciento el próximo mes de octubre, cuando el número de plazas vacantes se elevará a 16 frente a las 12 existentes a fecha de hoy. Por su parte, fuentes del Ministerio señalan que Llop ha pedido a Lesmes un informe para determinar cuáles de las necesidades del TS son fruto del aumento de la litigiosidad y cuáles son debidas al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una situación que no es «de normalidad» y que precisamente por eso hay que disociar de ese incremento de la litigiosidad.

El Alto Tribunal ha trasladado a Llop las preocupaciones que en meses anteriores se han visto reflejados en informes aprobados por la Sala de Gobierno del Tribunal, entre ellas que los doce letrados nombrados por Justicia en abril de 2021 para reforzar el Gabinete Técnico en las tareas de admisión o inadmisión o incidentes de nulidad no son suficientes, pues ese incremento no se ha visto acompañado por el aumento de personal administrativo que asumiera la asistencia a esos letrados.

Los miembros de la Sala de Gobierno han informado a la ministra de la situación de cada una de las salas. La Primera (Civil) cuenta con una plantilla de diez magistrados y tiene una plaza vacante desde noviembre de 2020. El incremento de la carga de trabajo se ha agudizado de forma extraordinaria tras la pandemi a, hasta alcanzar el 42,5 por ciento en el último año. Por ello, el Supremo considera extremadamente necesario el nombramiento de los cinco letrados solicitados y que el Ministerio les negó hace solo unos días alegando falta de presupuesto.

La Sala Segunda, la Penal, es la única Sala sin plazas vacantes, pero su carga de trabajo también ha seguido una tendencia alcista durante los últimos cinco años, con un repunte de un 27 por ciento en 2021 respecto a la habida en los años 2019 y 2020. Aquí el problema es la alta tasa de interinidad de la plantilla de funcionarios adscrita a la Sala (el 59 por ciento) , por lo que solicitan medidas que motiven su permanencia e incentivos económicos similares a los que disfrutan en otros órganos judiciales como la Audiencia Nacional o los que dependen de la Comunidad de Madrid.

En la Sala Tercera (Contencioso-administrativa) la situación es muy preocupante, porque actualmente tiene seis vacantes que se incrementarán a ocho con la inminente jubilación de dos magistrados : Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez.

Además de las medidas de solución temporal ya aprobadas por la Sala de Gobierno a propuesta del presidente de la Sala, César Tolosa -como la redistribución interna de los magistrados para que todas las secciones cuenten con el mínimo legal de cinco para constituirse-, se consideran necesarias otras ante la litigiosidad masiva que se prevé como consecuencia de los recursos que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia. Así, se solicita la creación de una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios necesarios para tramitar esos recursos; así como el incremento de la plantilla del Área Contencioso- Administrativa del Gabinete Técnico en 3 letrados.

En la Sala Cuarta (Social) existen ahora tres vacantes, a las que podrían añadirse otras dos por jubilación durante este año 2022, incluida la de la presidenta de la Sala, María Luisa Segoviano. Ello dejaría la plantilla con solo 8 magistrados -de un total de 13-, lo que impediría la formación de las dos secciones que se constituyen para la deliberación y votación de los asuntos y tendría como consecuencia la drástica reducción del número de sentencias y el consiguiente incremento de la pendencia. La Sala solicita el nombramiento de cuatro nuevos letrados para el Área Social del Gabinete Técnico, así como de 2 funcionarios de apoyo.

Respecto a la Sala Quinta (Militar) tiene el 25 por ciento de sus plazas de magistrado vacantes (2 de 8) y también experimenta un importante aumento de la entrada de asuntos que ha provocado el incremento de la cifra de asuntos pendientes en un 43,85 por ciento

Además de las peticiones en materia de personal, la Sala de Gobierno ha planteado varias reformas legislativas como solución a algunos de los problemas enunciados , como la de la casación civil para introducir un nuevo modelo que prevea un único recurso que no dependa del tipo o cuantía del proceso; el de casación penal para eliminar el trámite de alegaciones del que ahora disponen los recurrentes para responder a los escritos del Ministerio Fiscal y el resto de las partes personadas impugnando su recurso o la reforma de la regulación del recurso de casación en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para atender la litigiosidad masiva.

Por parte del Ministerio se ha trasladado que es la primera vez que el Ministerio de Justicia plantea una batería de medidas de choque para atender las necesidades del Alto Tribunal. Llop ha recordado que nombró a doce letrados de refuerzo que estarán hasta final de año y que se trata de «una medida de carácter extraordinario que no tiene precedentes». También ha señalado que el Ministerio ha impulsado la subida salarial de los funcionarios del TS, aumentando sus retribuciones para equipararlas a la media de salarios del territorio transferido. «Se trata de una reivindicación histórica paralizada más de 10 años y que ha resuelto este Ministerio en consenso con los sindicatos», ha dicho.

En cuanto al ámbito económico, Llop y su gabinete han presentado un resumen de las medidas de choque que el Ministerio de Justicia ha contemplado para el presupuesto correspondiente al ejercicio 2022 del TS con un total de 13.264.127 euros. De ellos, 4 millones han sido destinados a digitalización; 699.437 euros, a reforzar las necesidades del Gabinete Técnico del Alto Tribunal; 1.145.834 euros, para el incremento salarial de los funcionarios; y un total de 7.418.855 euros se han destinado a la rehabilitación de los edificios de la calle Génova, 29 y del patio de la sede de Villa de París.

En la reunión han participado, además del presidente del TS y del CGPJ, los presidentes de Sala del alto tribunal Francisco Marín Castán (Sala Primera), Manuel Marchena (Sala Segunda), César Tolosa (Sala Tercera) y María Luisa Segoviano (Sala Cuarta); los miembros electos de la Sala de Gobierno Pablo Lucas, Ignacio Sancho Gargallo, Antonio del Moral, Susana Polo y Dimitry Berberoff; el magistrado de la Sala Quinta Fernando Pignatelli -en sustitución del presidente de esa Sala, Jacobo Barja de Quiroga-; el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, Ángel Tomás Ruano; y el director del Gabinete Técnico, Juan Manuel San Cristóbal.

Por el Ministerio de Justicia, además de la ministra Pilar Llop, han asistido el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez; la subsecretaria de Justicia, Ana María Sánchez Hernández; y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.