La parálisis que el Gobierno impone al CGPJ deja en el aire una treintena de nombramientos

La ofensiva de PSOE y Unidas Podemos contra el órgano de gobierno de los jueces , que podría ser aprobada a principios de 2021 -al contar el Gobierno con el bloque de la mayoría de los Presupuestos- se dirige a frenar los nombramientos para plazas judiciales que, en el ejercicio de sus funciones, el CGPJ viene haciendo desde entonces, con parones puntuales en los momentos en los que el acuerdo para la renovación parecía más cercano. Sucedió así en enero de este año, nada más aterrizar el nuevo Gobierno en La Moncloa, y volvió a pasar en agosto, cuando estuvo a punto de cerrarse el acuerdo entre PSOE y PP y la ofensiva de Iglesias contra la Monarquía y la salida de Cayetana Álvarez de Toledo del PP, lo hizo saltar por los aires. Como publicó ABC, se trataba de un acuerdo diez-diez en el que Iglesias reclamaba al PSOE como mínimo dos asientos en el Consejo.

En estos momentos el Consejo General del Poder Judicial tiene pendientes de cubrir veinticinco plazas , según la información a la que ha tenido accedo este diario. Entre ellas la Presidencia del TSJ de Canarias (convocatoria aprobada por la comisión permanente el 12 de septiembre de 2019); la presidencia del TSJ del País Vasco; las presidencias de las audiencias provinciales de Navarra, Cantabria, Baleares, Cáceres, Salamanca, León, Almería y Granada; la presidencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional, y una plaza de magistrado en la Sala Cuarta el Supremo por el fallecimiento de José Manuel López de la Serrana.

Pero a estas plazas, que ya salieron a concurso, hay que sumar las que han quedado vacantes en las salas Cuarta y Quinta al ser nombrados presidentes dos de sus magistrados (Segoviano en la Social y Barja de Quiroga en la Militar) y las que dejan libres las jubilaciones de Antonio Salas y Eduardo Baena (en la Sala Civil) y Jorge Rodríguez Zapata y Javier Borrego (en la Contencioso-Administrativa). En total, en los próximos meses habrá que afrontar siete vacantes en el Supremo, un plato suculento para Sánchez teniendo en cuenta que salas como la Tercera (Contencioso-Administrativa) revisan los actos del Gobierno, entre ellos todas las derivadas administrativas del estado de alarma. De esta sala salió precisamente la actual ministra de Defensa, Margarita Robles.

El interés de los grupos parlamentarios que apoyan a Sánchez en detener la actividad del presente Consejo proyecta una imagen de politización que, de puertas para dentro, no se ha apreciado en los dos últimos plenos en los que los veinte vocales, de distintas sensibilidades, cubrieron las vacantes que se llevaron al orden del día con mayorías muy superiores a la exigida de 13 vocales. De hecho, en el Pleno del 30 de septiembre María Luisa Segoviano y Jacobo Barja de Quiroga fueron elegidos presidentes de la Sala Social y Militar respectivamente con 19 votos a favor. Los mismos apoyos lograron los magistrados Ángel Hurtado, Javier Hernández y Leopoldo Puente para entrar en la Sala Segunda, la de los aforados. Un mes después Carlos Gómez Martínez y José Luis López del Moral eran elegidos (en el caso del segundo, reelegido) presidentes de los tribunales superiores de Justicia de Baleares y Cantabria también con 19 votos, los mismos que la mayor parte de los magistrados elegidos presidentes de distintas salas de TSJ.

Por eso, este nuevo intento de injerencia en las funciones del Consejo se ve con perplejidad en el seno del órgano, pues, según señalan fuentes del mismo, lo que demuestra su trayectoria en los últimos meses de interinidad es que no pensaba llevar a cabo ningún nombramiento que no contara con el consenso de los antes citados, precisamente para que nadie pueda poner en duda que los nombramientos que está haciendo son «indiscutibles e indiscutidos». De hecho el pasado noviembre no se llevó ninguno a Pleno al no contar con ese casi unánime respaldo pese a que algunos se podrían haber sacado adelante con la mayoría de trece vocales que prevé la ley.

El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, ha hecho reiterados llamamientos (por carta a las presidentas del Congreso y Senado) y también en sus discursos (en las dos últimas aperturas del Año Judicial) para que se cumpla el mandato constitucional de renovación. Esta petición también se llevó a cabo en el comunicado que el órgano hizo público tras un pleno extraordinario para valorar el intento de atropello de PSOE y Unidas Podemos con la anterior proposición de ley que pretendía rebajar de mayoría cualificada a simple la elección parlamentaria de los doce vocales de procedencia judicial. «El Pleno del Consejo quiere expresar también que la renovación institucional pendiente debe llevarse a cabo a la mayor brevedad posible, contribuyéndose de esta manera a la plena normalidad institucional», señaló el 28 de octubre.