Junts registra iniciativas para que el Gobierno retire a la Abogacía del Estado de la causa del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas reclama de momento a los cabecillas del proceso separatista 5,4 millones de euros por el dinero público que gastaron en denostar la imagen de España en el exterior y en promover sus planes rupturistas. Acciones que, según Nogueras, se enmarcan en los derechos a la libertad ideológica y de expresión. Para ella, la fiscalización del dinero malversado en el 'procés' solo persigue «la muerte civil» de los cabecillas independentistas. «Nos preguntamos desde cuándo es ilegal promover Cataluña en el mundo y hacer diplomacia», ha dicho, en la sala de prensa de la Cámara Baja.

La portavoz del partido que lidera desde Waterloo (Bélgica) el prófugo Carles Puigdemont ha anunciado que presentarán iniciativas, tanto en el Congreso como en el Senado, para instar al Gobierno a retirar a la Abogacía del Estado de las causas abiertas «contra el independentismo». Si el ministro de Transportes, José Luis Ábalos , apuntaba este fin de semana que las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas son «piedras en el camino» para la supuesta «normalización» en Cataluña que persigue el Gobierno, la diputada de Junts le ha animado a «retirar esas piedras» extrayendo a la Abogacía del Estado de la ecuación.

Nogueras ha reclamado «poner fin al franquismo en el Estado» y aplicar las recomendaciones del Consejo de Europa -institución que no pertenece a la Unión Europea -, no concluyentes, pero que abogan entre otras cosas por renunciar a la extradición de los separatistas fugados de la Justicia. «Pedimos hechos. Si este Gobierno no actúa, va a demostrar que es lo mismo que el PP pero con más maquillaje», ha clamado, demostrando una vez más que los indultos poco han cambiado en el lenguaje y en el tono del independentismo.

«Lo que han hecho Diplocat y la Generalitat es trasladar una realidad, que es que hay una mayoría independentista en Cataluña. Si esto es ilegal, que me enseñen el artículo donde se dice que no se puede hablar de las cosas», ha añadido, después de acusar al Tribunal de Cuentas de ser un órgano «parcial y politizado».

En ese diagnóstico ha coincidido el portavoz del PDECat en el Congreso, Ferran Bel , quien ha apostado por una reforma «profunda» del Tribunal de Cuentas y por dar más peso a los órganos de control externo de las comunidades autónomas que cuentan con ellos. «Toda esta es una situación irregular. No tiene ni pies ni cabeza. Va a perjudicar gravemente a la imagen de España en el exterior . Esto lo advertimos», ha avisado Bel, en un tono más moderado pero con el mismo fondo.

El diputado del PDECat -que se presentó en coalición con JpC a las elecciones, pero después se escindió- ha señalado que no tiene sentido que sea la Sindicatura de Comptes quien fiscalice la acción de la Generalitat para que, después, el Tribunal de Cuentas sea quien reclame la responsabilidad contable . «No puede seguir su trámite con un tribunal caducado, absolutamente politizado y con unos objetivos clarísimos», ha agregado, en alusión al cálculo del dinero público desviado para pagar el 'procés'.

Bel ha propuesto un cambio en la ley orgánica que regule el Tribunal de Cuentas para que, para su renovación, solo sea necesaria la mayoría absoluta del Congreso y del Senado en segunda vuelta. En una primera intentona se mantendrían los actuales tres quintos, pero después bastaría con la mayoría absoluta de ambas cámaras. Una modificación que en la práctica imita a la que intentaron llevar a cabo hace unos meses el PSOE y Unidas Podemos para renovar el Consejo General del Poder Judicial , y a la que tuvieron que renunciar por la presión ejercida por la Comisión Europea -brazo ejecutivo de la Unión Europea-.

Bel, al contrario que Nogueras, ha negado que ese dinero se destinase a financiar el proceso independentista en el exterior: «No es un tema de promover la independencia ni el proceso. Si vas a inaugurar una planta o una empresa catalana en EEUU y antes o después en una rueda de prensa te preguntan por el 'procés', no puedes imputar todo el gasto a que se promueva el proceso. No tiene ningún sentido. No se sostiene. Cuando llegue al final, a más de uno le va a dar absoluta vergüenza».

«La Abogacía del Estado hará lo que tenga que hacer. Más allá de lo que decía Sánchez sobre si él controlaba o no la Fiscalía , lo que está claro es que él controla la Abogacía del Estado», ha concluido, insinuando que el presidente del Gobierno podría ordenar a la Abogacía del Estado que no actúe en la causa abierta en el Tribunal de Cuentas.