El derroche del «procés»

Hacían –o hacen, porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha permitido que la Generalitat proceda a la reapertura de las delegaciones exteriores– y deshacían lo que querían con los fondos públicos.

El Tribunal de Cuentas, tras analizar la documentación desordenada e incompleta entregada en cajas repletas de archivadores de facturas con anotaciones a mano y tickets pegados en hojas, ilumina las andanzas del «procés» —encabezado por Artur Mas y Carles Puigdemont y el consejero Raül Romeva —, en un informe detallado y minucioso, adelantado por ABC, en el que se fundamentan, según el fiscal jefe del Tribunal, Miguel Ángel Torres, indicios de delitos de malversación, prevaricación y contra las instituciones del Estado. Éstos son algunos de los gastos.

Están contabilizadas 456 actividades de las delegaciones entre los años 2013 y febrero de 2016 relacionadas «expresamente en la propia documentación de la Generalitat con el proceso soberanista» con gastos «no justificados», que «refleja el descontrol existente en las delegaciones y el poco interés que se ponía respecto al uso de fondos públicos».

Las llamadas «embajadas catalanas» también realizaron pagos por servicios de asesoramiento o por informes cuyo objeto no consta o cuya finalidad es contraria a las competencias de las delegaciones o de la Comunidad Autónoma.

Entre ellas, la presentación en la Delegación de Francia el 20 de marzo de 2014 del libro «Catalonia calling. El món ho ha de saber» por parte de la directora de la revista Sapiens, Claudia Pujol. Además, incluían los gastos privados de los delegados de exteriores.

Bajo el nombre de «Acciones de sensibilización internacional» se agrupan tanto las relaciones y contactos con distintos partidos políticos, instituciones y personalidades extranjeras con el objeto facilitar la comparecencia en Parlamentos extranjeros y la organización de actos en centros universitarios y think tanks de Europa y de Estados Unidos. Esta misma labor se realizaba con periodistas.

En 2014, se crea una plaza de Jefe de Prensa Internacional , omitiendo los trámites establecidos por la normativa vigente en materia de personal, ya que se saltaron el trámite de autorización previa del órgano compentente de Diplocat.

Diplocat también se dedicó a la «diplomacia digital», como reconocía en su propia memoria de actividad. Con este fin estrenó el 21 de abril de 2014 una web monotemática denominada «CataloniaVotes».

Es la cantidad desorbitada, sin contar, que ya tenían el jefe de prensa y todas las acciones de comunicación, que pagaba Diplocat para crear documentos y argumentarios, entre los que destaca el proyecto «Fronteras, soberanía y autodeterminación nacional en la Unión Europea», que tuvo como objetivo principal abordar las cuestiones relacionadas con los procesos de autodeterminación.

El lobby estadounidense Independent Diplomat , además de buscar mediación con miembros de la OTAN y de los ministerios de Asuntos Exteriores, se encargaba del desarrollo de una estrategia de internacionalización para obtener apoyo para el referéndum, la elaboración de artículos de opinión y su publicación en distintos diarios tanto europeos como norteamericanos.

La Generalitat financió dos grupos de observadores internacionales para que siguieran la actualidad política catalana antes de la aprobación en el Parlament de las leyes de desconexión hasta el día del referéndum. Y un equipo sólo los días previos al 1-O.

Una cifra escandalosa para financiar gastos de transporte y alojamiento de las entidades civiles catalanas. Para la gestión de estas ayudas se suscribieron convenios con otra de las subvencionadas, la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR).

A casi 15 millones de euros ascendieron las subvenciones entregadas por la Generalitat a Fundaciones catalanas. Entre las más beneficiadas en las que se han localizado irregularidades por un importe de 350.850 euros están Fundación CATMÓN, la Asociación para las Naciones Unidas y el Banco Mundial para la Cooperación Internacional al Desarrollo .

El informe cifra los gastos incurridos en viajes al extranjero por los presidentes de la Generalitat, — Artur Mas y Carles Puigdemont — y consejeros, «vinculados a la promoción del proceso soberanista en el ámbito internacional, lo que queda fuera de las finalidades marcadas por la norma».

112.237 euros por 25 comparecencias de los dirigentes de la Generalitat en parlamentos europeos y americanos. Y 382.628 euros en 72 actividades en España, a partir de 2016, al ser «conscientes de la nueva composición en el Congreso, con un número significativo de diputados a favor del derecho a decidir».