El juez sitúa la responsabilidad de la Operación Kitchen en órganos superiores del Estado

Según informan en fuentes jurídicas a ABC, se trata de dos documentos denominados «Pago de Operaciones» y firmados por el comisario Enrique García Castaño, que era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional y es uno de los principales investigados en este asunto. En concreto, son dos recibos sobre el pago de 2.700 euros y el de 1.600 euros que fueron incluidos como anexo documental a un informe de la Unidad de Asuntos Internos.

El juez los deja fuera de la documentación de la operación Kitchen que ahora, con el levantamiento del secreto, va a poner a disposición de todas las partes porque considera que no pueden entenderse «comprendidos en el acuerdo de desclasificación» que acordó el Consejo de Ministros, autorizando la remisión al juzgado de recibís y otros papeles presumiblemente vinculados a la Operación Kitchen.

De acuerdo a las fuentes consultadas por ABC, se trata de dos recibos de pagos con fondos reservados que fueron sometidos a consideración de García Castaño y del ex director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, también imputado, durante sendas comparecencias en sede judicial.

Ambos descartaron que tuvieran relación alguna con la operación Kitchen y en el caso de García Castaño, los identificó como pagos a confidentes en el contexto de la 'Operación Cataluña', que consistía en la búsqueda de información comprometedora de los políticos independentistas de aquel periodo. Las fechas, además, no coincidían, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario.

En el auto, el juez levanta el velo sobre el resto de las actuaciones que pesaba desde que se abrió la pieza relativa a la 'Operación Kitchen' en noviembre del 2018. Se trata, conforme explica el instructor, de un «operativo parapolicial del que serían responsables Órganos Superiores y/o directivos de la Administración General del Estado», en palabras del juez.

Según expone en el auto, la «ejecución material» del proyecto «se encomienda» a los ya investigados Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, y el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

«En este caso el encargo que se habría llevado a efecto al menos en los años 2013 a 2015 consistiría en la captación y la manipulación como colaborador-informante del Cuerpo Nacional de Policía de Sergio Ríos», que era el chófer de la mujer de Luis Bárcenas desde que él entró en prisión provisional.

El objetivo, tal y como resume el juez, era «la obtención por medio de dicho colaborador en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio, de información concreta sobre el lugar en que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material comprometedor para altos dirigentes del PP, sustrayendo su conocimiento de la autoridad judicial» que investigaba la financiación del partido.