El juez sienta en el banquillo a los primeros policías que fueron investigados en el marco del caso Cursach

Cabe recordar que los orígenes de la macrocausa conocida hoy como el caso Cursach se remontan a 2013. La primera instructora de este proceso, la juez Carmen González, empezó a investigar sendas posibles tramas de corrupción, una en el seno de la Policía Local de Palma y otra en el seno de la Policía Local de Calviá. A partir de esas indagaciones iniciales, que poco a poco irían ampliando su radio de acción, el caso dio un giro significativo a partir de 2015. En aquellas fechas, González fue sustituida por el juez Manuel Penalva, tras haber solicitado el traslado a la Audiencia Provincial de Palma.

El juez Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán llegaron poco después a la conclusión de que desde hacía décadas existía en Mallorca una vasta trama de corrupción policial, política y empresarial , cuyo supuesto impulsor habría sido el magnate isleño Tolo Cursach. Según esa hipótesis, el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos del PP y funcionarios , que habrían favorecido sus negocios a cambio de dádivas y regalos, mientras que habrían perjudicado a los de la competencia con continuas inspecciones y sanciones. Esa acusación ha sido siempre negada de manera rotunda por el propio Cursach y por sus colaboradores.

En ese contexto, cabe recordar que Penalva sería finalmente apartado del caso en 2018 y que Subirán lo sería un año después, esencialmente por posibles deficiencias en la instrucción. El sustituto de Penalva al frente del caso Cursach pasó a ser entonces el juez Miquel Florit, quien en 2019 se vio también obligado a dejar la macrocausa, por su imputación en el llamado caso Móviles. En dicho caso se investigó la decisión del juez Florit de haber ordenado incautar los teléfonos móviles a dos periodistas que cubrían el caso Cursach. Florit fue juzgado y finalmente absuelto en marzo de este año. En la actualidad, se ocupan de la instrucción del caso Cursach el ya citado juez Morell y el magistrado Antoni Garcías. Como es sabido, esta macrocausa cuenta desde hace ya varios años con diversas piezas separadas, debido a su gran complejidad.

Como se ha indicado ya, el juez Morell decretó este viernes la apertura de juicio oral contra dos inspectores policiales en el marco del caso Cursach. Se trata, en concreto, del antiguo jefe de la Policía Local de Calviá, José Antonio Navarro, y del antiguo jefe de la Policía Local de Marratxí, Antonio Ledesma , que había trabajado también en Calviá. Ambos fueron detenidos en 2014. Navarro ingresó en prisión de forma provisional y Ledesma permaneció un día en los calabozos tras su arresto, quedando ambos en libertad con cargos poco después. Junto a ellos, deberán sentarse también ahora en el banquillo los policías locales de Calviá Antonio de Santos y Miguel Pallicer, así como los empresarios Juan Ferriol y Juan Miguel Luna. El juez considera que los seis estarían supuestamente implicados, en mayor o menor medida, en una presunta red de extorsión.

El magistrado considera al inspector Navarro presunto autor de los delitos de omisión de perseguir delitos, amenazas condicionales, prevaricación, actividades prohibidas y cohecho pasivo . Los dos últimos delitos indicados son los que se atribuyen también al inspector Ledesma. En el caso de los agentes De Santos y Pallicer, cuyo superior era el inspector Navarro, ambos serían presuntos autores de un delito de amenazas y, alternativamente, de otro de extorsión en grado de tentativa. Por último, los dos empresarios mencionados serían presuntos autores de un delito de cohecho pasivo. El término «cohecho» sería equivalente a «soborno».

El pasado mes de enero, Morell había dictado ya un primer auto en el que daba por concluida la instrucción de esta pieza. Para el juez, el hecho de que dos inspectores presuntamente se ofrecieran a prestar determinados servicios administrativos a diversos empresarios, implicaba un supuesto acto de intimidación o de extorsión , pues un empresario a quien se le sugiriera la conveniencia u oportunidad de contratar a esos agentes, difícilmente podría escoger con libertad si aceptaba o no ese ofrecimiento.

Por lo que respecta a los otros dos policías locales ya reseñados, serán juzgados por una inspección que llevaron a cabo en agosto de 2013 en un local de Magaluf. Ambos agentes, que iban con un perro adiestrado para buscar droga, dijeron a los dueños de ese establecimiento que el animal había encontrado un paquete con cocaína debajo de un sofá, cuando al parecer lo habrían colocado los propios agentes. De esa forma, ambos policías habrían intentado demostrar, según el juez, el poder que tenían a la hora de decidir poner sanciones a unos locales y no a otros. En cuanto a los dos empresarios también acusados ahora, habrían recibido un trato de favor de los inspectores policiales a cambio de decidir utilizar sus servicios como gestores.

En su auto de este viernes, el magistrado Morell decidió, además, levantar la imputación a un centenar de investigados en este mismo proceso, incluidos policías locales, políticos, funcionarios o empresarios. En cualquier caso, varios de esos mismos investigados —incluido el propio Cursach— están en estos momentos pendientes de ir a juicio en el marco de otras piezas separadas de esta macrocausa.