El instructor del caso Cursach que ordenó requisar los móviles a dos periodistas dice que previamente ponderó su decisión

Florit ordenó a la Policía que requisase los móviles de ambos profesionales después de que hubieran aparecido en los medios diversas informaciones reservadas vinculadas al caso Cursach, que supuestamente habrían sido filtradas a la prensa por un funcionario policial o judicial. «Pensé que era mi deber investigar el delito, y que el delito era grave, y debía sucumbir el derecho al secreto profesional en este extremo», ha declarado Florit este jueves ante el tribunal que le juzga. El hoy ya exmagistrado ha añadido que, en cualquier caso, antes de tomar la citada decisión ponderó si debía prevalecer la investigación de un presunto delito grave —la revelación de secretos por parte de un funcionario— sobre la eventual lesión del derecho al secreto profesional.

Este jueves han declarado también los dos periodistas afectados. Mestre ha indicado que entregó su móvil a la Policía «porque había un requerimiento judicial y no había otra opción». Por su parte, Pou ha explicado que la secretaria judicial le dijo: «Mire, es que aquí se está investigando un delito, con lo cual su secreto profesional pasa a un segundo plano». En el inicio de la vista oral ha comparecido también, en calidad de testigo, la directora de «Diario de Mallorca», María Ferrer, quien ha señalado que todo lo ocurrido hace dos años hizo imposible que Mestre pudiera volver a escribir crónicas o informaciones vinculadas al ámbito judicial, porque se generó una «situación de desconfianza por parte de sus fuentes, que invalidaba su capacidad para traer información de tribunales».

Cabe recordar que en el caso Cursach se investiga, esencialmente, la existencia de una supuesta trama de corrupción policial, política y empresarial, cuyo presunto impulsor sería el magnate mallorquín Tolo Cursach, quien durante décadas fue el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares. La clave de la citada supuesta trama estaría en que, presuntamente, Cursach habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos. Por su parte, Cursach siempre ha negado la existencia de esa posible trama.

La instrucción de lo que hoy se conoce genéricamente como el caso Cursach fue iniciada hace algo más de un lustro por la juez Carmen González, que dejó la causa por un cambio de destino. Seguidamente, pasaron a ocuparse del caso el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Con posterioridad, en marzo de 2018, el juez Penalva sería apartado de la causa por la Audiencia Provincial de Palma por «pérdida de apariencia de imparcialidad». El sustituto de Penalva al frente de la instrucción del caso Cursach pasó a ser el ya citado juez Florit, quien se hizo cargo de las diversas piezas separadas de dicho caso que entonces estaban ya en marcha. En la actualidad, se ocupan de la instrucción del caso Cursach los jueces Antoni Garcías y Enrique Morell.

Como se ha indicado ya, hace dos años Florit decidió investigar varias presuntas filtraciones periodísticas de informaciones reservadas, una decisión que, en un giro inesperado de los hechos, es la que finalmente ha conducido al propio magistrado a sentarse ahora en el banquillo. Cabe recordar que para poder indagar acerca de aquella supuesta revelación de secretos, Florit había abierto a mediados de 2018 una pieza separada, precedida por una denuncia previa presentada en el verano de 2018 por el propio Cursach.

Una de las decisiones tomadas por el juez Florit una vez que decidió abrir esa pieza separada fue ordenar el 11 de diciembre de 2018 la incautación de los móviles de los dos periodistas mencionados, José Francisco Mestre y Blanca Pou. El magistrado devolvió los móviles a Mestre y a Pou el 4 de enero de 2019, certificando que dichos teléfonos no habían sido finalmente abiertos y que sus contenidos tampoco habían sido examinados. Aun así, ya en diciembre de 2018 «Diario de Mallorca» y Europa Press habían presentado una querella contra Florit. Poco después, se personó también la Agencia Efe como parte igualmente perjudicada.

Esa situación dio inicio poco después a un largo proceso judicial. Así, en abril del pasado año Florit compareció ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) en calidad de investigado —equivalente a imputado—, en donde negó haber vulnerado el secreto profesional de los dos periodistas citados. Con posterioridad, el pasado mes de septiembre, la juez del TSJIB Felisa Vidal decidió que Florit debería sentarse finalmente en el banquillo, como presunto autor de los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional y de interceptación ilegal de comunicaciones.

Las acusaciones particulares están conformadas por «Diario de Mallorca», Europa Press, Efe, la Asociación de Medios de Información y los periodistas Mestre y Pou. En total, piden para Florit penas que suman 42 años de inhabilitación profesional y una indemnización de 30.000 euros para Mestre, mientras que la defensa, la Abogacía del Estado y la Fiscalía solicitan su libre absolución. En caso de que Florit fuera finalmente condenado e inhabilitado, esa pena no tendría una repercusión real sobre su trayectoria como juez, ya que Florit solicitó el pasado año al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tramitase su jubilación anticipada, petición que le fue concedida.