El juez del «Faisán» revela en un auto el móvil del «número dos» de Interior

El instructor considera que la identificación de los usuarios de los tres teléfonos citados es necesaria «en aras al completo esclarecimiento de los hechos investigados así como a la averiguación de la identidad de todas las personas que hubieren podido participar» en los mismos. Ruz investiga el chivatazo que, en mayo de 2006, obligó a retrasar la desarticulación de la red de extorsión que operaba en el bar «Faisán» de Irún.

La gravedad de los delitos investigados —revelación de secretos y colaboración con banda armada— justifica en este caso, según el juez Ruz, la intromisión en el derecho fundamental a la intimidad que puede suponer la identificación de los usuarios de los tres teléfonos. Y resulta preciso aclarar, añade, la «real significancia (sic)» de la aparición de esos números en el tráfico de llamadas de los tres imputados en la fecha de los hechos (3 y 4 de mayo). Una vez identificados los usuarios, el juez valorará si deben ser citados como testigos.

El juez ha citado a declarar a tres funcionarios de la Policía el próximo día 8. Se trata del que fuera comisario jefe accidental de la UCI con el fin de que «ratifique» los informes que él mismo ha presentado en el «caso Faisán»; el comisario provincial de San Sebastián en la fecha de los hechos; y el entonces jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, previa averiguación de si su número de placa es el 75.031, en cuyo caso ya figuraría como citado en la resolución dictada por Ruz el pasado 24 de enero.

Informe a Asuntos Internos

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía tiene un plazo de cinco días para poner en conocimiento del Juzgado si emitió algún informe sobre la actuación de los agentes asignados al operativo que debía detener a los extorsionadores etarras «que no obrare entre los ya aportados a la presente causa». El juez pregunta al director adjunto operativo en qué fechas los agentes que han investigado el chivatazo fueron adscritos a Asuntos Internos.

El «número dos» de la Policía también deberá informar al juez Ruz si se comisionó a uno de los agentes imputados a desplazarse a Irún pese a ser su demarcación la de Álava. El magistrado pregunta si existió un «parte de orden de servicio» y, en caso de no haberlo, solicita que se aporte el «protocolo de actuación policial» que justifique la salida de un funcionario policial de su zona.

El instructor, a petición de una de las defensas, pide una ampliación de la pericial telefónica para que se concrete si con los medios técnicos disponibles en mayo de 2006 los repetidores de telefonía móvil identificaban «zonas de ubicación donde se encontraba activo un teléfono» o «puntos exactos», como sucede en la actualidad con el sistema Sitel y el GPS.

Ruz también acuerda, a petición del fiscal, una ampliación de la pericial referida a los repetidores.