Un juez investiga 500 títulos de derecho obtenidos por italianos en la URJC

Desde la universidad aseguran a Efe que se tratan de unos hechos que tuvieron lugar en 2016 y a raíz de que estallara toda la polémica con el Instituto de Derecho Público en el 'caso máster' la policía se puso en contacto con la URJC para retomar este tema. La institución destaca que desde mayo están «colaborando en todo momento con la policía» y les están «aportando toda la documentación» que está requiriendo para esclarecer los hechos. Bajo la dirección del juzgado, la investigación la está llevando a cabo la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid.

La Policía señala que «gran parte de la información» que manejan apunta a que «esta universidad estaría relacionada con los ciudadanos italianos que están siendo investigados por colegiarse como abogados en distintos colegios de España, al parecer, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos ». Así consta en un documento policial remitido al Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid que investiga al catedrático Enrique Álvarez Conde por un delito de malversación pero que menciona parte de la investigación del Juzgado 40. En base a ello, la Policía citó a Pablo Acosta , quien sustituyó a Álvarez Conde al frente del Instituto de Derecho Público, epicentro de todas las irregularidades del denominado 'caso master', al objeto de esclarecer la posible relación de la URJC con los investigados, ya que los títulos eran otorgados por el instituto de Álvarez Conde.

El origen de esta causa se remonta así a julio de 2016, cuando el Observatorio contra la Corrupción presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por un presunto fraude de la URJC en la convalidación de los títulos de licenciado en Derecho a unos 500 ciudadanos italianos, que podrían haber pagado hasta 11.000 euros. El escrito, al que tuvo acceso Efe, señalaba que el 28 de mayo de 2016 se celebró «un examen o prueba de conjunto a un número muy elevado de alumnos, todos de nacionalidad italiana -más o menos unas quinientas personas- con el fin de obtener, al margen del procedimiento de homologación, el título de Licenciado en Derecho».

Añadía que de este modo podían comenzar su actividad profesional «mediante la simple colegiación en España, es decir, sin someterse a la vigente prueba de acceso a la profesión de abogado». Y especificaba que el procedimiento utilizado habría sido el de «la convalidación de los estudios realizados por tales alumnos en Italia por una parte de la Licenciatura de Derecho seguida de ese posterior examen o prueba de conjunto».

Un procedimiento que, según la denuncia, contraviene la norma según la cual la homologación convalidación de estudios extranjeros no permite la obtención de un título distinto a los de Grado o Máster. La denuncia aludía al «muy llamativo» hecho de que el día 18 de mayo hubiera habido hasta ocho autobuses desplazándose desde la estación de Atocha de Madrid hasta la universidad «como si fueran de excursión» .