Jueces y fiscales alertan de que poner plazos a la investigación generará impunidad

Ello coloca a los miembros del Ministerio Fiscal en una «irresoluble tesitura» , dicen, al resultar de «imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad», y a los jueces de instrucción en un delicado papel en el que, dirigiendo ellos la instrucción, carecen de la capacidad para prolongarla en el tiempo, si no es tras la petición del fiscal.

A su juicio, el legislador ha confundido tanto el modelo procesal como el papel de los actores, lo que «lleva a su último extremo la falta de coherencia de la reforma». La entrada en vigor de esta ley está prevista para el 5 de diciembre se aplicará a todos los procedimientos vigentes, recuerdan las asociaciones, por lo que habrá que revisar todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España, teniendo estos que atender la carga de trabajo ordinaria, y todo ello «sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna».

Es por lo tanto, «una auténtica ley de punto final» de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados y, por ello, las asociaciones firmantes piden la suspensión de la entrada en vigor de la reforma hasta que, «al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma».